La vinculación a proceso de Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, ha desatado un intenso debate sobre la corrupción y la gestión de recursos públicos en el estado. Después de una exhaustiva audiencia de más de 24 horas, un juez determinó que hay suficientes elementos para iniciar un proceso penal en su contra por la autorización de un proyecto millonario que nunca llegó a realizarse.
Una extensa audiencia que definió el curso del caso
El proceso judicial se prolongó por más de un día completo, durante el cual la Fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos. Al finalizar la audiencia, Bonilla mostró serenidad frente a la decisión.
“No me sorprende, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el objetivo, para que aprendan y no se enfrenten con la Gobernadora”, declaró el exmandatario al salir de la audiencia.
La resolución del juez no implica culpabilidad, pero establece la existencia de indicios suficientes para continuar con la investigación bajo proceso penal.
Los delitos imputados
La Fiscalía acusa a Jaime Bonilla de tres delitos relacionados con corrupción:
Peculado
Uso indebido de recursos públicos.
Abuso de autoridad
Aprovechamiento del cargo para tomar decisiones al margen de la ley.
Uso ilícito de atribuciones y facultades
Actuar fuera de sus competencias legales como funcionario.
Estas acusaciones están vinculadas a la aprobación de un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali.
Un contrato millonario bajo escrutinio
Según las autoridades, el proyecto energético fue autorizado de forma irregular. El consejero jurídico del estado explicó que la entidad carecía de competencias para llevar a cabo dicho contrato.
“Los Estados no tenían competencia para realizar esa licitación, la única autoridad competente era la Secretaría de Energía, a pesar de ello se decidió llevar a cabo esa adjudicación”, señaló.
La investigación reveló un pago inicial de 128 millones de pesos, además de comprometer recursos públicos durante las próximas tres décadas.
Un proyecto que nunca se materializó
Uno de los aspectos críticos del caso es que la planta fotovoltaica nunca se concretó. A pesar del compromiso financiero, la construcción no avanzó más allá de su fase inicial.
“Pueden ir al lugar donde se suponía se construiría la planta fotovoltaica, no hay nada”, afirmó el consejero jurídico.
Incluso la actual gobernadora recordó el impacto económico potencial que habría tenido el proyecto.
“Hablamos de miles de millones de pesos. Aquí solo estamos protegiendo los recursos públicos del estado de un contrato que ponía en riesgo el patrimonio de los bajacalifornianos”, declaró.
Próximos pasos en el proceso
La Fiscalía tiene ahora un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar las pruebas que respalden la posible responsabilidad del exgobernador y otros nueve funcionarios implicados.
En caso de ser hallado culpable, Jaime Bonilla podría enfrentar hasta 12 años de prisión, multas económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso sigue en desarrollo y será determinante para definir si se configura como uno de los episodios más relevantes de presunta corrupción en la historia reciente de Baja California.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
24 Mar, 2026
