RENO, NV.- El Gobierno del presidente Donald Trump ha revocado el estatus legal temporal de miles de migrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, utilizada ampliamente durante la administración Biden. Esta medida ha generado incertidumbre y temor entre cientos de miles de personas que contaban con permisos de permanencia y autorización de trabajo válidos por hasta dos años bajo la política conocida como “parole”.
Según datos oficiales, más de 900,000 personas ingresaron al país desde enero de 2023 a través de citas gestionadas por CBP One. Sin embargo, este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que las autorizaciones fueron revocadas y que los beneficiarios fueron notificados para abandonar el país de forma inmediata.
“Es hora de que abandonen Estados Unidos”, señaló el DHS en correos electrónicos enviados a los afectados, quienes han optado por mantener el anonimato por razones de seguridad.
La aplicación CBP One fue una de las piezas centrales de la estrategia del presidente Biden para facilitar el ingreso ordenado y legal al país, especialmente en los cruces fronterizos con México. Para diciembre de 2023, ya se habían procesado 936,500 personas mediante esta herramienta.
No obstante, con el regreso de Trump a la presidencia, la plataforma fue rebautizada como CBP Home y su propósito transformado: en lugar de gestionar citas de entrada, ahora sirve para que los migrantes se autodeporten.
“La cancelación de estos paroles es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional”, afirmó el DHS en una declaración oficial.
Aunque se desconoce el número exacto de afectados, se estima que decenas de miles de personas en Estados Unidos ahora enfrentan la posibilidad de deportación voluntaria o forzada.
Nuevas sanciones: hasta $998 diarios y confiscación de bienes
Además de cancelar los permisos, la administración Trump anunció que impondrá multas de hasta $998 por día a los migrantes que permanezcan en el país pese a tener órdenes de deportación final. “Si no lo hacen, se enfrentarán a las consecuencias”, advirtió Tricia McLaughlin, portavoz del DHS. “Esto incluye una multa de 998 dólares por cada día que el extranjero ilegal sobrepasó su orden de deportación final.” La amenaza no es menor: las autoridades han dejado claro que también confiscarán bienes de quienes no paguen estas sanciones, un aviso que se hizo público el 31 de marzo a través de las redes sociales oficiales del DHS.
La medida afectaría especialmente a hogares de estatus mixto, donde residen tanto ciudadanos estadounidenses como migrantes sin estatus legal. De acuerdo con la organización FWD.us, alrededor de 10 millones de personas viven en estas condiciones en Estados Unidos.
El golpe económico también sería significativo. Según un análisis del Instituto de Política Migratoria, el 26% de los hogares con inmigrantes no autorizados se encuentran por debajo del umbral de pobreza, lo que vuelve prácticamente impagables las sanciones diarias impuestas por el gobierno federal.
