LAS VEGAS, NV.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó este fin de semana la Ley de Enemigos Extranjeros para proceder con la deportación de al menos 280 presuntos integrantes de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Esta ley, que no había sido utilizada desde la Segunda Guerra Mundial, permite la expulsión inmediata de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
La Ley de Enemigos Extranjeros
Creada en 1798, esta ley permite al presidente de Estados Unidos detener o deportar a ciudadanos de naciones hostiles en caso de guerra declarada o si el país enfrenta una invasión o incursión depredadora. Históricamente, esta normativa se aplicó en la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, siendo esta última ocasión la más recordada debido al encarcelamiento masivo de ciudadanos de origen japonés en territorio estadounidense.
El mandatario aplicó esta medida pese a que un juez federal había emitido una orden para bloquear temporalmente dichas deportaciones. La decisión judicial fue tomada luego de que la organización Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaran una demanda para detener el proceso.
El juez James Boasberg, quien dictó la medida, señaló que la Ley de Enemigos Extranjeros no sustentaba la acción presidencial, ya que los términos “invasión” e “incursión depredadora” se refieren a actos hostiles realizados por naciones extranjeras en contextos comparables a una guerra. La orden judicial tiene vigencia por 14 días desde el sábado 15 de marzo.
¿Quiénes son el Tren de Aragua?
El Tren de Aragua es una peligrosa organización criminal de origen venezolano que se ha expandido por varios países de América Latina. Este grupo delictivo se ha visto implicado en actividades como el tráfico de drogas, secuestros, extorsión y homicidios. En Estados Unidos, autoridades han identificado su presencia desde hace al menos cinco años, principalmente en zonas fronterizas y grandes centros urbanos, donde se les atribuye la participación en actos delictivos vinculados a redes criminales internacionales.
Acuerdo con El Salvador para el encarcelamiento
Como parte del plan para deportar a estos presuntos miembros del Tren de Aragua, el gobierno de Trump alcanzó un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Este convenio, logrado tras las conversaciones entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el mandatario salvadoreño, contempla el pago de 6 millones de dólares para que El Salvador mantenga bajo custodia a unos 300 presuntos integrantes de la banda delictiva durante al menos un año. Las personas serán trasladadas a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, conocida por su estricta vigilancia y rigurosas condiciones de reclusión. Esta prisión se ha destacado por alojar a integrantes de pandillas peligrosas y por sus políticas de seguridad reforzadas.
El sábado, pese a la orden emitida por el juez para bloquear las deportaciones, un total de 261 personas fueron enviadas a El Salvador, de las cuales 137 fueron deportadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros por sus presuntos vínculos con pandillas, según informó The Washington Post. Posteriormente, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia afirmaron que estos individuos ya habían sido retirados del país antes de que se emitiera el fallo judicial.
El domingo, el presidente Donald Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One que considera que “este es un tiempo de guerra”, en referencia a su decisión de invocar una ley diseñada para situaciones bélicas, a pesar de que actualmente no se ha declarado formalmente un conflicto de ese tipo.
La ACLU ha instado al gobierno estadounidense a garantizar que la orden del juez Boasberg no haya sido violada y ha manifestado que se encuentra a la espera de una audiencia para aclarar los hechos. Además, la organización anunció que está llevando a cabo su propia investigación sobre el cumplimiento del fallo judicial.
Ante el hecho, el mandatario venezolano Nicolas Maduro emitió un comunicado rechazando el traslado hacia El Salvador, “La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi”, señala el documento del gobierno venezolano.
