RENO, NV.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes, al gobierno del presidente Donald Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una medida que podría dejar expuestos a la deportación a cerca de 350.000 personas. La decisión del máximo tribunal permite avanzar con la revocación del TPS otorgado durante la administración de Joe Biden, aunque el caso continúa bajo apelación en tribunales inferiores.
El fallo se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por la secretaria Kristi Noem, decidiera en enero de 2025 cancelar la protección para los venezolanos. Aunque una corte federal en California bloqueó temporalmente la orden, el gobierno de Trump acudió a la Corte Suprema, que ahora ha dado luz verde al fin del programa sin ofrecer una explicación detallada.
“El impacto inmediato de la decisión lamentablemente no está claro porque el tribunal no explica casi nada en su orden”, afirmó Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA y abogado de los demandantes. Según el letrado, una lectura posible de la orden es que los beneficiarios del TPS de la designación de 2023 han perdido su estatus y autorización de empleo.
Por el momento, quienes obtuvieron el TPS bajo la designación de 2021 aún mantienen sus protecciones hasta septiembre. Sin embargo, las organizaciones defensoras de migrantes, como la Alianza Nacional TPS y el American Venezuelan Caucus, advirtieron que podrían producirse deportaciones antes de que el litigio se resuelva completamente.
Ante la incertidumbre, abogados especializados recomiendan a los venezolanos evaluar otras vías legales para evitar la deportación. Una de las principales es el asilo, una protección que otorga EE.UU. a personas que enfrentan persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. Existen dos tipos de asilo: el afirmativo (para quienes no están en proceso de expulsión) y el defensivo (ante un juez de inmigración).
Otra posibilidad es solicitar la residencia legal si la persona se ha casado con un ciudadano o residente legal permanente. Sin embargo, este proceso puede requerir que el solicitante abandone temporalmente el país para pedir un permiso de ingreso (parole) antes de ajustar su estatus migratorio.
También existe la opción de solicitar una visa U, diseñada para personas que han sido víctimas de delitos graves en EE.UU. y colaboran con las autoridades. Esta visa es limitada: se otorgan hasta 10.000 al año a nivel nacional, por lo que no es una opción generalizada.
Los próximos pasos dependerán de cómo el Gobierno de Trump interprete la decisión del tribunal. “No hay nada en la orden que prevea un retraso en su aplicación”, señaló Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California. Esto significa que, salvo que un nuevo tribunal intervenga, las autoridades podrían iniciar procesos de remoción de inmediato.
Organizaciones proinmigrantes y defensores legales continúan evaluando el alcance del fallo y preparando recursos adicionales. Para muchos de los afectados, el desafío inmediato será informarse y buscar asesoría legal especializada lo antes posible.
