San Diego, CA – Los supervisores del condado de San Diego han interpuesto una demanda contra el gobierno federal después de que se les negara el acceso al centro de detención de Otay Mesa para llevar a cabo una inspección sanitaria. Las autoridades locales desean verificar las condiciones de salud y seguridad de los detenidos, y están preparadas para iniciar una batalla legal para lograr acceder a las instalaciones.
“¿Qué están tratando de esconder? Eso debería inquietarnos a todos”, expresó la supervisora Paloma Aguirre.
Aguirre, junto con la presidente de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer, hizo pública la demanda luego de que el 20 de febrero se les impidiera la entrada al centro de detención de Otay Mesa para realizar la inspección.
La demanda fue presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y CoreCivic, la empresa privada responsable del funcionamiento del centro de detención.
Lawson-Remer destacó que, además de denegarles el acceso a las instalaciones, no se les proporcionó información crucial para evaluar la salud de los detenidos.
“Nos negaron historiales médicos. No nos permitieron realizar entrevistas privadas con los detenidos ni accesar a la información necesaria para evaluar las condiciones dentro del centro de detención”, indicó.
Los supervisores han recibido numerosos informes de detenidos sobre condiciones inadecuadas en las instalaciones, incluyendo temperaturas extremas y problemas médicos que, según las quejas, no están siendo atendidos adecuadamente.
Aguirre también reportó la existencia de denuncias sobre abusos y violaciones a derechos básicos.
“Hemos recibido reportes de abuso, así como denuncias de violaciones a derechos fundamentales, como el acceso a comida adecuada, condiciones de saneamiento y la posibilidad de comunicarse con sus familias”, comentó. “Mientras tanto, las familias de los detenidos están al borde de un colapso nervioso. ¿Quién no se preocuparía por sus padres?”, añadió.
De acuerdo con las autoridades del condado, los supervisores contaban con una aprobación por escrito de funcionarios locales de ICE para ingresar al centro; sin embargo, posteriormente, autoridades federales intervinieron y les denegaron el acceso.
Las funcionarias recordaron que el centro de detención recibe aproximadamente $217 diarios por cada persona detenida. Además, la ley AB 1801, promulgada en octubre de 2024 en California, permite a los funcionarios de los condados inspeccionar centros de detención privados dentro de su jurisdicción para evaluar las condiciones de salud y seguridad.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Heder Casas
10 Mar, 2026
