El Proyecto de Ley del Senado número 3 (SB 3) se encuentra en el escritorio de la gobernadora y, de ser aprobado, transformará la manera en que Nuevo México maneja la intervención en crisis de salud mental dentro del sistema judicial.
Bajo la normativa actual, se requiere que existan daños graves o situaciones extremas para que un tribunal pueda ordenar un tratamiento involuntario. Legisladores argumentan que este estándar limita la capacidad para intervenir de manera temprana.
La propuesta establece criterios más claros y específicos para identificar cuándo una persona representa “daño a sí misma” o “daño a otros”, permitiendo a los jueces tomar decisiones basadas en conductas recientes y pruebas concretas, sin la necesidad de esperar a que se produzca una tragedia.
Según el texto del proyecto, un “daño a otros” comprende circunstancias donde una persona haya causado o intentado causar lesiones corporales graves en un pasado reciente, o haya exhibido comportamientos que constituyan un riesgo significativo de lesión, siempre que exista la probabilidad de que dichos comportamientos se repitan en un futuro cercano.
En lo que respecta al “daño a sí misma”, la medida propone incluir situaciones donde sea probable que la persona adopte conductas que puedan resultar en lesiones graves o suicidio. También se contempla a aquellos casos donde, debido a su estado mental, la persona no pueda atender necesidades básicas como alimentación, atención médica o protección personal, lo que podría conllevar un deterioro severo sin la debida intervención.
Además, la legislación moderniza las definiciones en el Código de Salud Mental y la Ley de Tratamiento Ambulatorio Asistido, permitiendo que médicos, familiares, autoridades o los propios tribunales puedan solicitar tratamiento ambulatorio supervisado a través del programa estatal.
“Estamos creando más vías hacia el tratamiento de salud mental para personas que están en riesgo de autolesionarse o de dañar a otros, mientras garantizamos la seguridad de nuestras comunidades”, declaró la representante Pamelia Herndon, patrocinadora de esta medida.
El proyecto ha recibido apoyo bipartidista y ahora es responsabilidad de la gobernadora decidir si lo firma y lo convierte en ley.
Fuente original: Noticias New Mexico
Por Alexandra Callender
18 Feb, 2026
