(Costa Central).- Una reciente propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha encendido alarmas entre organizaciones comunitarias y defensores de vivienda en todo Estados Unidos, debido a su potencial impacto negativo en miles de familias de bajos ingresos.
Según lo planteado, HUD requeriría que todos los miembros de un hogar que recibe asistencia de vivienda sean ciudadanos estadounidenses o posean un estatus migratorio legal. Si se implementa, la medida afectaría directamente a las familias mixtas, aquellas en las que algunos integrantes tienen estatus legal y otros no, que actualmente se benefician del programa Sección 8.
En respuesta, los supervisores del condado de Santa Cruz votaron de forma unánime para oponerse a esta propuesta federal. Las autoridades locales han expresado su preocupación por las posibles consecuencias sociales, incluyendo la separación de las familias.
Felipe Hernández, supervisor del condado de Monterey, comentó que la decisión busca enviar un mensaje contundente tanto a nivel local como federal.
“Hemos aprobado una resolución con el voto de todos los supervisores, manifestándonos en contra de los cambios contemplados por el Departamento de Vivienda. Enviaremos una carta aquí en Santa Cruz, pero también a Washington D.C., porque no queremos familias separadas en nuestra comunidad”, afirmó.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones nacionales, hasta 80 mil personas podrían perder acceso a vivienda subsidiada bajo esta normativa, incluyendo cerca de 37 mil niños. Los defensores advierten que esto podría obligar a muchas familias a tomar decisiones difíciles: separarse o enfrentar el riesgo de quedarse sin hogar.
A nivel local, el impacto también sería significativo. Ray Cancino, director de Puentes de la Comunidad, indicó que más de 250 familias —equivalentes a más de mil personas— podrían verse afectadas en el condado de Santa Cruz.
“Muchas personas no pueden encontrar apartamentos. El costo de la vivienda es muy alto, y sabemos que esto afectará profundamente a quienes no pueden buscar otro hogar”, explicó.
Organizaciones en todo el país continúan movilizándose contra la medida, enviando cartas y dialogando con representantes federales. Argumentan que la propuesta no solo pondría en riesgo a las familias vulnerables, sino que también podría agravar la ya crítica crisis de vivienda asequible en Estados Unidos.
Mientras el debate avanza en Washington, comunidades locales como Santa Cruz se preparan para defender políticas que, aseguran, priorizan la estabilidad familiar y el acceso equitativo a la vivienda.
Fuente original: Noticias Monterey
Por Adriana Frederick Sutton
24 Apr, 2026
