Por Karen Gutiérrez | Noticias | Denver, Colorado | 8 de febrero de 2026
Colorado se adentra en una nueva fase de confrontación política en relación con la ley migratoria. Legisladores demócratas, activistas y organizaciones comunitarias han intensificado su estrategia para restringir la cooperación estatal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras un año que ha visto un aumento considerable de arrestos y operativos de alto perfil, así como reacciones públicas a muertes atribuidas a agentes federales en otros estados.
El contraste con el año pasado es evidente. En la primavera anterior, demócratas y defensores de derechos de inmigrantes anunciaron planes para reducir aún más la colaboración con ICE, aunque lo hicieron en un evento de bajo perfil y tras enfrentar retrasos y ajustes, debido a las preocupaciones del gobernador Jared Polis. Diez meses después, la presentación de un nuevo paquete de proyectos fue acompañada por una movilización masiva en las escalinatas del Capitolio estatal, donde resonaban consignas como “¡Abolir ICE!” y una agenda legislativa más ambiciosa.
Un giro de tono y ritmo en el Capitolio
Según los promotores, la presión social ha cambiado el cálculo político. La representante Lorena Garcia, demócrata del condado de Adams y defensora de la legislación migratoria, definió el momento como una respuesta directa a las experiencias vividas por las comunidades.
“Debido a que Trump es tan impredecible, el liderazgo (demócrata) el año pasado quería proceder con precaución en temas migratorios”, comentó Garcia. Sin embargo, agregó: “la legislatura (este año) está indicando que debemos ser más agresivos en la protección de los habitantes de Colorado. Y la comunidad lo está solicitando”.
El corazón del debate está en nuevas propuestas que buscan, entre otras cosas, permitir que individuos que hayan sufrido lesiones a manos de autoridades migratorias puedan demandar a agentes federales; reforzar las normas sobre los centros de detención; ampliar las restricciones a la cooperación estatal; e incluso prohibir que personas que hayan trabajado para ICE se incorporen a departamentos policiales en Colorado.
Proyectos clave: demandas, certificaciones y detención
Desde el primer día de la sesión de 2026, los legisladores han presentado un proyecto que permite demandas cuando residentes sufran daños a causa de autoridades migratorias. Asimismo, se describen dos medidas adicionales que se introducirán más adelante en febrero, con disposiciones dirigidas a limitar el intercambio de información, reforzar los controles y recordar a las policías locales que pueden interceptar a los agentes federales durante investigaciones.
También se discute la posibilidad de prohibir que agentes estatales usen máscaras en ciertos contextos y se prevé bloquear certificaciones para que exagentes de ICE trabajen en agencias de Colorado, de acuerdo con la información proporcionada en el texto.
Voces desde el trauma y la calle
Para las organizaciones comunitarias, el cambio es más que legislativo; es también retórico. Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de Colorado Immigrant Rights Coalition, comenta que ha percibido un quiebre en la actitud de los funcionarios públicos.
“El cambio más significativo que he observado es que realmente están abordando el tema de (inmigración) sin temor”, afirmó. “No en todos los casos, pero ha sido un cambio claro”.
El artículo menciona que Colorado ha registrado más de 3,500 arrestos migratorios durante los primeros nueve meses del nuevo mandato presidencial de Donald Trump. Además, se destaca que las operaciones en Denver, Aurora, Colorado Springs, Durango y zonas del “high country” han acercado el tema a la base demócrata y a los legisladores.
Polis: apertura cautelosa y “escepticismo”
A pesar de que Polis reconoció que las imágenes del último año han sido “increíblemente perturbadoras”, también expresó reservas sobre las nuevas medidas. En una declaración, manifestó que está dispuesto a discutir, pero subrayó: “creo que debemos ser cautelosos con lo que ya existe en las legislaciones”.
Más adelante, Polis indicó que sería “escéptico” ante legislaciones que planteen preocupaciones constitucionales o que se alejen de los acuerdos establecidos el año pasado. También añadió: “Colorado cuenta con algunas de las protecciones más robustas del país” y que desea evitar confusiones y garantizar que las leyes recientes se cumplan y comprendan adecuadamente.
Un debate que también impacta elecciones y seguridad pública
El tema migratorio también se refleja en la contienda del 8º Distrito Congresional (CD8), una carrera clave en los suburbios al norte de Denver y Greeley. Se menciona que el republicano Gabe Evans ha defendido la aplicación de la ley migratoria con un enfoque en individuos con antecedentes criminales, pero manifestando también su preocupación por la capacidad de ICE para ingresar a viviendas con una orden administrativa.
En el Capitolio estatal, la discusión se centra en prioridades presupuestarias, límites legales y una demanda social más visible. La pregunta central para el año 2026 no es solo si Colorado criticará con mayor firmeza a ICE, sino hasta dónde estará dispuesto a legislar para restringir su alcance y qué costo político podría acarrear dicha decisión en un país polarizado.
Fuente original: Noticias Colorado
Por Karen Gutierrez
9 Feb, 2026
