La Medida A San Diego ha generado opiniones divididas entre residentes y líderes comunitarios, mientras miles de votantes se preparan para decidir su futuro en las urnas el próximo 2 de junio.
La propuesta busca implementar un impuesto anual de 8 mil dólares sobre segundas residencias vacías, aumentando a 10 mil dólares al segundo año.
Medida A divide opiniones en San Diego ante propuesta de impuesto a viviendas vacías
, una cifra que, según los defensores de la medida, representa menos del 1 por ciento de las viviendas de la ciudad.
La medida aplicaría a hogares que no son residencias principales y que permanecen desocupados durante 183 días o más al año. Entre las excepciones se incluyen propiedades que quedaron vacías debido al fallecimiento del propietario, traslados a centros de cuidado o despliegues militares.
Quienes apoyan la iniciativa aseguran que la medida ayudaría a enfrentar la crisis de vivienda San Diego y motivaría a los propietarios a poner más casas disponibles en el mercado. Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance SD Mobilization Fund, señaló que para los propietarios la decisión es sencilla: pagar el impuesto o poner la vivienda en venta o renta.
Andy Kopp, veterano de la Armada de los Estados Unidos, considera que aumentar la disponibilidad de viviendas podría beneficiar a veteranos que actualmente enfrentan dificultades para encontrar hogares accesibles.
Sin embargo, los opositores argumentan que la propuesta representa una invasión a la privacidad y podría afectar injustamente a familias que heredaron propiedades o mantienen una segunda vivienda para su retiro. Abdur Rahim Hameed, propietario de una segunda residencia, expresó su preocupación al asegurar que la medida tendría un impacto negativo para él y su familia.
El concejal Sean Elo-Rivera ha defendido la propuesta afirmando que las viviendas deben servir a los sandieguinos y no únicamente como instrumentos de inversión. Por otro lado, el concejal Raúl Campillo, quien fue el único voto en contra para incluir la medida en la boleta electoral, cuestiona su legalidad y advierte que podría ser rechazada por las cortes.
Un informe de la Oficina del Analista Presupuestario Independiente estima que la Medida A podría generar entre 9.2 y 21.4 millones de dólares durante el primer año. Los fondos serían destinados al fondo general de la ciudad, mientras San Diego continúa enfrentando un déficit presupuestario.
Si la mayoría de los votantes aprueba la medida, el impuesto entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y permanecería vigente hasta que los votantes decidan derogarlo.
Reportera: Paulina Mejia-Arroyo, @itspaulinama
Fuente original: Noticias San Diego
Por Paulina Mejia-Arroyo
28 May, 2026
