Reno, NV- En un Congreso profundamente dividido y en medio de los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump, ha surgido una rara propuesta bipartidista que busca ofrecer una solución pragmática para millones de inmigrantes indocumentados. La “Ley Dignidad de 2025”, presentada por las representantes María Elvira Salazar (republicana de Florida) y Veronica Escobar (demócrata de Texas), intenta encontrar un punto medio en uno de los debates más contenciosos de la política estadounidense.
El proyecto de ley ofrece un estatus legal temporal a ciertos inmigrantes que ya residen en el país, a cambio de que cumplan con estrictos requisitos y sin ofrecerles un camino hacia la ciudadanía. Es un intento por estabilizar la fuerza laboral en industrias clave, como la agricultura, que se han visto fuertemente afectadas por la represión migratoria.
¿En qué consiste la Ley Dignidad?
La pieza central de la Ley Dignidad es la creación de un programa que permitiría a los inmigrantes indocumentados que han estado en Estados Unidos desde antes de 2021 solicitar un estatus legal de hasta siete años, el cual incluiría una autorización de trabajo.
Para ser elegibles, los participantes no solo deberían demostrar su residencia continua, sino también cumplir con dos condiciones clave: pagar una restitución económica y registrarse regularmente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Es fundamental destacar que este estatus legal no permitiría el acceso a ningún beneficio federal y, crucialmente, no constituye una amnistía ni abre una vía para obtener la ciudadanía estadounidense.
Además de esta medida, el proyecto de ley también contempla el fortalecimiento de la seguridad en la frontera y la implementación a nivel nacional del sistema E-Verify, que obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.
La filosofía del proyecto
La representante Salazar, una de las autoras de la ley, enmarcó la propuesta como una solución de sentido común a un problema que ha sido ignorado por décadas.
“Durante 40 años, cada presidente y Congreso ha mirado hacia otro lado mientras millones han vivido aquí ilegalmente, muchos trabajando en industrias clave que mantienen nuestra economía funcionando. Es el talón de Aquiles que nadie quiere arreglar”, dijo Salazar en un comunicado. “La Ley de Dignidad ofrece una solución de sentido común: ciertos inmigrantes indocumentados pueden obtener estatus legal —no ciudadanía— trabajando, pagando impuestos y contribuyendo a nuestro país. Sin dádivas. Sin atajos. Solo responsabilidad y un camino hacia la estabilidad para nuestra economía y nuestro futuro.”
Según el plan, el programa sería financiado íntegramente por las tarifas de restitución y de nómina pagadas por los propios participantes.
La postura de Trump y las acciones de ICE
La presentación de esta ley llega en un momento de señales contradictorias por parte de la administración Trump. Por un lado, el propio presidente reconoció recientemente la necesidad de los trabajadores migrantes, especialmente en el sector agrícola. A finales de junio, Trump dijo a Fox News que estaba trabajando en una solución.
“Vamos a hacer que sea una especie de pase temporal donde la gente pague impuestos, donde el agricultor pueda tener un poco de control”, afirmó Trump. “Lo que vamos a hacer es algo para los agricultores… El agricultor sabe. No va a contratar a un asesino”.
Sin embargo, a pesar de esta promesa, las acciones de sus agencias federales parecen ir en la dirección opuesta. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa realizando operativos en lugares de trabajo. Un ejemplo reciente en dos instalaciones agrícolas del sur de California resultó en más de 200 arrestos y violentos enfrentamientos con manifestantes, demostrando que la política de mano dura sigue vigente.
El futuro de la Ley Dignidad dependerá de su capacidad para navegar este complejo panorama político, ofreciendo un camino de estabilidad para millones mientras intenta satisfacer las demandas de seguridad y control de un Congreso polarizado.
