Reno, NV— Kilmar Armando Abrego García, cuyo caso desató una tormenta judicial y política tras su expulsión errónea a El Salvador, ha sido devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos federales que lo acusan de conspirar en el traslado de migrantes indocumentados, según un acta de imputación que se hizo pública el viernes.
El acta, de 10 páginas y presentada en el Distrito Medio de Tennessee, marca un giro sorpresivo en el caso que se convirtió en símbolo de abuso de poder, según abogados. La Casa Blanca durante semanas desafió resoluciones de tres tribunales federales, incluida la Corte Suprema, que ordenaban facilitar su liberación.
“Abrego García ha aterrizado en Estados Unidos para enfrentarse a la justicia. Era un traficante de seres humanos, mujeres y niños”, declaró la fiscala general Pam Bondi en conferencia de prensa desde Washington.
Abrego García, un trabajador metalúrgico que residía en EE.UU. sin documentos, fue expulsado el 15 de marzo en lo que incluso el gobierno admitió fue un error. En lugar de seguir el debido proceso, fue enviado a El Salvador.
Una vez en territorio salvadoreño, fue detenido y trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión notoria en ese país. Posteriormente fue trasladado a otro centro de El Salvador. Desde entonces, permaneció bajo custodia sin acceso a un juicio justo, mientras sus abogados intentaban revertir la situación.
“La acción de hoy demuestra lo que hemos sabido desde el principio: que el gobierno tenía la capacidad de traerlo de vuelta y simplemente se negaba a hacerlo”, afirmó Andrew Rossman, abogado del migrante.
Los defensores del migrante consideran que esta imputación no solo busca criminalizar a Abrego García, sino también evitar la confrontación con el sistema judicial estadounidense que, en más de una ocasión, ordenó su retorno y liberación.
El gobierno federal sostiene que Abrego García es miembro de la pandilla MS-13, aunque no presentó pruebas concretas que lo vinculen a delitos cometidos en EE.UU. La acusación más sólida se basa en su supuesta participación en una red que transportó “miles de extranjeros indocumentados” por el país.
La estrategia del gobierno ha sido calificada por críticos como una maniobra para justificar su deportación previa y evitar el cumplimiento de decisiones judiciales desfavorables.
Mientras tanto, la jueza Paula Xinis, quien ha supervisado el caso desde el principio, ha manifestado su frustración por la falta de cooperación del Departamento de Justicia. Incluso autorizó a los abogados de Abrego García a pedir sanciones legales contra el gobierno por obstrucción.
