LAS VEGAS, NV — La detención de un niño de 5 años al salir de su preescolar ha desatado la indignación nacional hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El miércoles 28 de enero, San Antonio se convertirá en el centro de una movilización encabezada por prominentes figuras políticas, incluidos los representantes Joaquin Castro, Greg Casar y Jasmine Crockett, quienes exigirán la liberación inmediata de Liam Adrian Conejo Ramos y su padre, Adrian Alexander Conejo Ramos.
La familia, originaria de Ecuador, fue interceptada en Minnesota la semana pasada, mientras regresaban a casa tras la jornada escolar del pequeño. A pesar de tener casos de asilo activos pendientes ante la corte de inmigración, lo que legalmente impide su deportación, ambos fueron trasladados a más de 1,200 millas hasta el centro de detención en Dilley, Texas.
El trauma de la detención de un niño ha suscitado una ola de críticas sobre las tácticas de los agentes federales en la actual administración del presidente Donald Trump. Líderes comunitarios y abogados han denunciado que Dilley, el único centro operativo para la detención familiar tras la reapertura de estas prácticas, no es un lugar adecuado para menores.
“Durante meses, abogados y defensores locales han alertado sobre las condiciones inseguras en Dilley, donde bebés y niños pequeños sufren tratos degradantes y falta de atención médica”, señala el comunicado de una organización de líderes comunitarios.
El impacto emocional de esta situación es otro eje central de la protesta. La conferencia de prensa no solo abordará la “ilegalidad” de las acciones de control migratorio en vecindarios y escuelas, sino también el trauma profundo que significa para un niño ser separado de su entorno cotidiano para vivir en un espacio carcelario.
“Traigan a Liam a casa” es la consigna clara en la conferencia de prensa, que pide la reunificación familiar y el cese de lo que califican como una “injusticia” sistemática. Según los defensores, el uso de recursos federales para detener a familias con procesos legales vigentes es un abuso de autoridad y una violación directa de las garantías procesales.
Durante el evento en San Antonio, se anticipa que los oradores discutirán la urgente necesidad de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revise las políticas que permiten estas detenciones en espacios sensibles como escuelas y tribunales.
Fuente original: Noticias Las Vegas
Por Usiel Teran
27 Jan, 2026
