RENO, NV.- El debate sobre la legalización de la muerte asistida en Nevada dio un giro decisivo este viernes, cuando el gobernador Joe Lombardo anunció públicamente su oposición al Proyecto de Ley 346 de la Asamblea (AB346). La legislación, conocida como “ayuda médica para morir”, permitiría a ciertos proveedores de salud recetar medicamentos para acelerar la muerte a pacientes terminales con un pronóstico de vida de seis meses o menos, siempre que cumplan con rigurosos requisitos de elegibilidad y consentimiento.
Joe Lombardo fue claro en su posición: no firmará la AB346, sin importar los ajustes que se le hagan en la presente sesión legislativa. “La expansión de los servicios de cuidados paliativos y las continuas mejoras en el manejo avanzado del dolor hacen innecesarias las disposiciones sobre el final de la vida de la AB346”, declaró el mandatario, quien además instó a la Legislatura de 2025 a desestimar el proyecto.
La propuesta, que había ganado algo de tracción en la Legislatura, ahora enfrenta un obstáculo casi insuperable: la negativa del gobernador a firmarla. En una declaración categórica, Lombardo expresó que no considera necesarias las disposiciones del proyecto de ley, citando los avances en cuidados paliativos como una alternativa más ética y humana para los pacientes en etapa terminal.
La AB346 fue discutida en una audiencia de aproximadamente dos horas ante el Comité Selecto de la Asamblea sobre Cuidados al Final de la Vida. El texto del proyecto detalla los pasos legales y médicos necesarios para acceder al medicamento, incluyendo diagnósticos de dos profesionales médicos y un proceso estructurado de solicitud.
Los defensores de la ley argumentan que ofrecería a los pacientes terminales una opción digna y controlada sobre cómo enfrentar el final de sus vidas. Entre los grupos a favor se encuentran profesionales médicos y organizaciones defensoras de los derechos de los pacientes, quienes aseguran que la iniciativa representa un acto de compasión y respeto por la autonomía personal.
Los opositores al proyecto de ley provienen principalmente de comunidades religiosas, grupos en defensa del derecho a la vida y activistas por los derechos de las personas con discapacidad. Alegan que la legislación, tal como está escrita, carece de garantías suficientes y podría abrir la puerta a abusos.
Algunos críticos también señalan que, en lugar de permitir que las personas acaben con su vida, el enfoque del gobierno debería estar en fortalecer y expandir los servicios de cuida
