
Promovida por el presidente Donald Trump, la “Big Beautiful Bill” (BBB u OBBBA) es una ley de conciliación presupuestaria que busca modificar políticas fiscales, elevar el techo de la deuda, y redefinir el alcance de programas sociales y migratorios. La legislación ya fue aprobada por un estrechísimo margen en la Cámara de Representantes (215 a 214) y actualmente se encuentra en el Senado, donde podría enfrentarse a nuevas modificaciones.
Propuestas clave: defensa, impuestos y beneficios sociales
Entre las iniciativas más polémicas del proyecto se encuentra el desarrollo de un sistema de defensa antimisiles llamado “Golden Dome”, con una inversión inicial de $25 mil millones, y una expansión militar que costaría decenas de miles de millones más.
También contempla modificaciones fiscales significativas: eliminaría los impuestos sobre propinas y pagos por horas extra, ampliaría las deducciones fiscales para personas mayores de 65 años y otorgaría importantes reducciones de impuestos a los contribuyentes con mayores ingresos —cerca de $389,000 en promedio durante el primer año. En contraste, los contribuyentes con ingresos más bajos podrían ver una disminución promedio de $1,035 en sus ingresos netos, según estimaciones preliminares.
En materia de asistencia social, impone nuevos requisitos laborales para acceder a Medicaid y SNAP (cupones de alimentos), obliga a reaplicaciones cada seis meses, y elimina pausas por dificultades económicas en préstamos estudiantiles. Además, busca retirar fondos de Medicaid a Planned Parenthood, organización que ofrece desde anticonceptivos hasta detección de cáncer.
Inmigración y muro fronterizo: la otra cara del BBB
El proyecto también resucita el muro fronterizo con una asignación de $46.5 mil millones. Incluye $4 mil millones para contratar miles de agentes fronterizos adicionales y $2.1 mil millones para bonificaciones de contratación y retención. Por primera vez, los solicitantes de asilo tendrían que pagar una tarifa mínima de $1,000, una medida sin precedentes en EE. UU.
Un giro judicial y nuevas controversias
Una sola frase en el proyecto ha generado alarma entre expertos legales: limitaría la capacidad de los jueces federales de aplicar sanciones por desacato cuando el gobierno desobedezca órdenes judiciales, siempre que no se haya impuesto una fianza financiera. Según la administración Trump, esto evitaría demandas frívolas; sin embargo, críticos temen que deje a la justicia sin herramientas para hacer cumplir la ley.
Tensión republicana: de Musk a Marjorie Taylor Greene
Elon Musk, otrora aliado de Trump, calificó la ley como una “abominación”, mientras que la representante Marjorie Taylor Greene expresó arrepentimiento por haberla apoyado tras enterarse de que bloquea a los estados de regular la inteligencia artificial por una década. “Esto es una violación a los derechos estatales”, dijo.
Incluso el senador republicano Rand Paul declaró que no apoyará el aumento de $5 billones al techo de deuda propuesto. Trump respondió con ataques directos en su red Truth Social, tachándolo de “perdedor” y asegurando que “el pueblo de Kentucky no lo soporta”.
¿Qué sigue?
Si el Senado realiza cambios, la ley deberá regresar a la Cámara de Representantes, donde su destino es incierto. Trump ha exigido su aprobación inmediata, con la esperanza de firmarla antes del 4 de julio. Sin embargo, el margen tan estrecho y el creciente número de voces republicanas en desacuerdo podrían frenar —o incluso enterrar— esta colosal propuesta legislativa.





