RENO, NV.- Estados Unidos y El Salvador el domingo, llevaron a cabo el traslado de 17 presuntos criminales vinculados al Tren de Aragua y la MS-13 a la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) en El Salvador. La operación, realizada en conjunto entre ambos países, ocurrió a pesar de que dos cortes estadounidenses habían ordenado frenar estas expulsiones.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el envío este lunes, describiendo a los trasladados como “criminales extremadamente peligrosos, incluyendo asesinos y violadores”. Sin embargo, no especificó cuántos de ellos eran venezolanos.
Tal como ocurrió con los primeros vuelos de deportación a mediados de marzo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó un video en sus redes sociales mostrando la llegada de los detenidos a bordo de un avión militar. En las imágenes se observa a los individuos con la cabeza rapada, siendo transportados en autobuses y escoltados por funcionarios salvadoreños hasta sus celdas.
A diferencia de otras operaciones de seguridad, no se revelaron las identidades de los deportados ni se distinguió entre venezolanos y salvadoreños en el grupo. Este hermetismo ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y abogados de inmigración.
El operativo fue ejecutado en desacato a la orden del juez del distrito de DC, James Boasberg, y de la Corte de Apelaciones del mismo distrito, que habían prohibido la deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta normativa impide que los acusados de pertenecer a bandas criminales puedan defenderse de los señalamientos ante una corte.
El régimen venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha calificado estas deportaciones como un “secuestro”, mientras que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que hasta el momento ningún miembro del Tren de Aragua ha sido deportado a Venezuela.
Diversas organizaciones de derechos civiles y abogados han expresado su preocupación sobre el criterio utilizado para catalogar a los detenidos como miembros de pandillas. Han denunciado que muchos de los venezolanos enviados a Guantánamo y El Salvador fueron marcados como pandilleros simplemente por tener tatuajes comunes, como relojes, rosas o calaveras.
La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha defendido las investigaciones del gobierno, asegurando que las acusaciones van más allá de los tatuajes. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado evidencia concreta de una estructura operativa del Tren de Aragua en Estados Unidos. Por su parte, defensores de los inmigrantes han señalado que muchos de los deportados no han tenido la oportunidad de conocer las pruebas en su contra ni de impugnar las acusaciones ante un tribunal, lo que vulnera su derecho al debido proceso.
