LAS VEGAS, NV – El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nevada enfrenta esta semana una presión judicial sin precedentes. La Jueza de Distrito de Carson City, Kristin Luis, está considerando imponer sanciones civiles contra la agencia estatal tras una demanda presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que alega el incumplimiento deliberado de las leyes de registros públicos del estado.
La controversia central gira en torno a la acusación de que el DMV compartió información confidencial de residentes de Nevada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según la ACLU, los registros obtenidos tras meses de retrasos muestran una red de comunicación que incluye el uso de Signal, una aplicación de mensajería encriptada.
El conflicto por los registros digitales
La ACLU presentó la demanda en agosto pasado, argumentando que los documentos entregados inicialmente por el DMV estaban altamente censurados y omitían cadenas completas de correos electrónicos. La evidencia presentada en el tribunal hace referencia directa a grupos de chat en Signal, una herramienta favorecida por funcionarios federales para evitar el rastreo de comunicaciones.
El DMV ha intentado desestimar la relevancia de estos chats, afirmando que no tiene control sobre ellos debido a que las conversaciones ocurrieron en dispositivos personales y no residen en los servidores estatales. Sin embargo, este argumento choca directamente con la jurisprudencia de Nevada.
“La Corte Suprema de Nevada confirmó que los dispositivos personales de empleados públicos están sujetos a la ley de registros públicos cuando se utilizan para asuntos oficiales”, sostuvo la organización de defensa durante la audiencia.
Una “práctica misteriosa” bajo investigación
Durante el proceso, el DMV declaró que inicialmente creyeron que todos los registros eran confidenciales, pero posteriormente determinaron que “no había documentos para presentar”. Esta inconsistencia fue cuestionada por la jueza Luis, quien señaló que la situación no parece ser un error aislado.
“No parece un documento misterioso”, comentó la jueza Luis durante la audiencia. “Parece una práctica misteriosa”.
En respuesta, la jueza ordenó al DMV satisfacer todas las solicitudes de la ACLU o proporcionar un registro detallado que justifique legalmente la confidencialidad de cada pieza de información.
