El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha solicitado participar en una demanda que desafía una ley de Colorado aprobada en 2021, cuyo objetivo es agilizar el proceso de certificación de visas U para víctimas de delitos que no son ciudadanos estadounidenses. El litigio involucra a funcionarios locales del Condado de Douglas en oposición al estado de Colorado y podría tener repercusiones significativas para inmigrantes que buscan protección legal tras cooperar con las autoridades.
¿Qué ocurrió?
El Departamento de Justicia presentó una moción para intervenir en la demanda iniciada en enero por el sheriff del Condado de Douglas, Darren Weekly, y el fiscal del Distrito Judicial 23, George Brauchler.
La demanda cuestiona una ley estatal firmada en 2021 que modificó el proceso con el cual las agencias policiales y fiscales evalúan las solicitudes de certificación para las visas U.
Los demandantes argumentan que la legislación limita indebidamente la discreción de las autoridades locales al decidir si certifican a una víctima para el programa federal.
¿Qué son las visas U?
Las visas U son un beneficio migratorio federal previsto para víctimas de ciertos delitos que han sufrido daños físicos o emocionales y colaboran en investigaciones o procesos judiciales.
Para solicitar este estatus migratorio, los interesados deben obtener una certificación de una agencia policial, fiscalía u otra autoridad competente que confirme su cooperación en el caso.
La decisión final sobre la aprobación o denegación de la visa recae exclusivamente en las autoridades federales de inmigración.
Actualmente, la ley federal limita la emisión de visas U a un máximo de 10,000 por año en todo el territorio nacional.
Investigación y disputa legal en curso
La ley de Colorado aprobada en 2021 exige que las autoridades estatales consideren principalmente dos factores para evaluar una certificación: si la persona fue víctima de un delito elegible y si ha sido útil para la investigación o el enjuiciamiento del caso.
Además, la legislación establece que una víctima debe ser considerada cooperativa a menos que haya documentación que pruebe una negativa a colaborar.
El Departamento de Justicia argumenta que esta disposición entra en conflicto con los objetivos del programa federal y sostiene que la ley federal tiene supremacía sobre la legislación estatal.
Según la moción presentada, el gobierno federal considera que Colorado ha reducido la discreción que el Congreso otorgó a las autoridades locales para determinar quiénes califican para el programa.
Contexto e impacto en la comunidad inmigrante
El desenlace del litigio podría afectar a víctimas inmigrantes de delitos en Colorado que aspiren a obtener una visa U como manera de lograr protección migratoria.
Datos de la División de Justicia Penal de Colorado muestran que entre 2019 y 2025, 55 agencias policiales y fiscalías del estado recibieron un total de 1,368 solicitudes de certificación para visas U.
De esas solicitudes, 1,118 fueron aprobadas, resultando en aproximadamente un 82% de aceptación.
El caso ocurre en medio de un debate más amplio sobre políticas migratorias, la cooperación con autoridades federales y la protección de víctimas dentro del sistema judicial de Colorado.
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La disputa legal podría incluir formalmente al Departamento de Justicia federal, elevando la relevancia del caso y aumentando las implicaciones para futuras solicitudes de visas U en Colorado. El litigio determinará hasta qué punto los estados pueden regular el proceso de certificación de un programa migratorio gestionado por el gobierno federal.
Fuente original: Noticias Colorado
Por Karen Gutierrez
3 Jun, 2026
