RENO, NV.- Este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos mostró apertura al levantar varios bloqueos judiciales que impedían al presidente Donald Trump aplicar su política para restringir la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, tras más de dos horas de argumentos, los jueces no lograron consenso claro sobre cómo equilibrar los intereses en juego: por un lado, la autoridad presidencial; por el otro, un derecho consagrado en la Constitución.
La política de Trump, impulsada desde su primer día de mandato, busca negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense, una práctica respaldada por casi 160 años de jurisprudencia bajo la Enmienda 14 de la Constitución.
Aunque la mayoría conservadora del tribunal mostró simpatía hacia la crítica de Trump al exceso de bloqueos judiciales nacionales, también surgieron dudas profundas sobre la compatibilidad de su política con el texto constitucional.
“La enmienda 14 garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”, una cláusula que históricamente se ha interpretado como incluyente para hijos de inmigrantes, incluso aquellos en situación irregular.
Varios jueces reconocieron que la política de Trump entra en conflicto directo con esa enmienda, pero otros señalaron que los grupos demandantes podrían usar otras vías legales para impugnarla, más allá de los decretos nacionales.
La actual Corte Suprema de mayoría conservadora, con varios magistrados nombrados por Trump, ha sido crítica en el pasado de las órdenes judiciales amplias que detienen políticas federales. Algunos jueces expresaron preocupación de que estas medidas se estén usando para frenar acciones presidenciales antes de un análisis de fondo.
Sin embargo, el fallo no será inmediato ni sencillo. La falta de consenso mostró que incluso los magistrados conservadores enfrentan dilemas sobre cómo limitar el poder de los tribunales inferiores sin avalar una política que podría violar derechos constitucionales fundamentales.
El intento de revocar la ciudadanía por nacimiento ha sido una promesa recurrente de Donald Trump en su agenda migratoria. Para sus simpatizantes, representa una forma de controlar la inmigración y el “turismo de nacimiento”. Para sus críticos, es un ataque directo a derechos fundamentales y una estrategia política para movilizar a su base con potencial impacto sobre millones de personas nacidas en EE.UU.
