RENO, NV.- La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) determinó este jueves, que cualquier extranjero detenido en la frontera de Estados Unidos, ya sea en un puerto de entrada o entre estos, y que sea declarado inadmisible, no tendrá derecho a fianza durante su proceso migratorio. El fallo, que responde a una apelación presentada en un caso ocurrido en territorio estadounidense, establece que los jueces de inmigración no pueden otorgar libertad bajo fianza a quienes sean arrestados al llegar al país sin una orden judicial, porque estas personas deben permanecer bajo custodia obligatoria hasta su deportación. Esta decisión tiene como base legal la Ley de Inmigración y Nacionalidad y busca reforzar el control fronterizo mediante la aplicación estricta de los procedimientos de deportación expedita.
La resolución, contenida en un documento de seis páginas, señala que los inmigrantes detenidos bajo el artículo 235(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) “no podrán ser liberados bajo fianza en virtud del artículo 236(a)” y deben permanecer bajo custodia hasta la finalización del proceso de expulsión. Según esta normativa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene autoridad para remover de forma inmediata a ciertos extranjeros que hayan sido declarados inadmisibles tras ser detenidos en la frontera.
Aunque existe una excepción contemplada en la Sección 212(d)(5)(A) de la INA, que permite al DHS otorgar libertad condicional (conocida como parole) por razones humanitarias urgentes o de interés público, el fallo aclara que este permiso es discrecional, no equivale a una admisión formal al país, y no otorga derecho a una audiencia de fianza.
Expertos en leyes migratorias advierten que esta decisión tendrá repercusiones inmediatas. El abogado Alex Gálvez, con sede en Los Ángeles, explicó que la decisión de la BIA implica que cualquier persona detenida bajo la Sección 235(b)(1) o 235(b)(2) ya no puede solicitar una audiencia para obtener fianza. En la práctica, esto significa que, si alguien cruza la frontera y es arrestado incluso lejos de un puerto de entrada, será detenido sin posibilidad de ser liberado hasta que sea deportado. Además, quienes fueron liberados previamente bajo parole podrían ser arrestados nuevamente.
Jaime Barrón, abogado en Dallas, alertó que esta decisión facilitará al gobierno la detención de más personas y la aceleración de sus procesos de deportación. “Es preocupante”, expresó. José Guerrero, abogado de inmigración en Miami, coincidió en que el impacto podría ser considerable. “Quienes habían sido liberados con parole en la frontera y aún no resuelven su estatus migratorio corren el riesgo de ser detenidos sin derecho a una nueva fianza”, advirtió.
El caso que dio origen al fallo involucra a una inmigrante china arrestada sin orden judicial tras haber ingresado al país. Aunque fue liberada bajo parole y citada a comparecer ante el DHS, posteriormente fue detenida cuando Interpol notificó su búsqueda internacional por cargos en España. El juez de inmigración concluyó que no tenía jurisdicción para concederle fianza, pues la detenida se encontraba bajo custodia obligatoria según el artículo 235(b)(2)(A) de la INA. La apelación fue desestimada por la BIA, que ratificó que no tenía derecho a fianza.
El tribunal reafirmó que los jueces de inmigración no pueden modificar las condiciones de detención de extranjeros recién llegados, incluso si fueron liberados temporalmente bajo parole, dado que la custodia queda exclusivamente bajo la autoridad del secretario de Seguridad Nacional.
