SANTA CRUZ, Calif. En un paso considerado histórico por líderes educativos y comunitarios, la Oficina de Educación del Condado de Santa Cruz ha aprobado una resolución que prohíbe el uso de sus propiedades para operativos de cumplimiento de leyes migratorias.
Esta medida tiene como objetivo garantizar un ambiente seguro y accesible para todos los estudiantes y sus familias, impidiendo que agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) ingresen a los predios y escuelas bajo la jurisdicción del condado para realizar operativos.
La resolución fue adoptada por la mesa directiva con el propósito de mantener los espacios educativos libres de acciones migratorias. El documento estipula que los edificios educativos del condado, así como los espacios exteriores y estacionamientos, no pueden ser utilizados para la planificación, procesamiento u operaciones relacionadas con el control migratorio.
“Prohibimos que los agentes de migración puedan utilizar las instalaciones de la oficina de educación para establecer, procesar o llevar a cabo cualquier operación de control migratorio”, explicó el superintendente del condado, Faris Sabbah.
Más de 30 escuelas estarán protegidas por esta resolución, lo que impacta a cerca de 1,300 estudiantes en todo el condado.
El texto especifica claramente que estas propiedades “no pueden ser utilizadas para la planificación, procesamiento u operaciones de control migratorio”. Con esta acción, la Oficina reafirma su compromiso de mantener las escuelas como espacios acogedores y accesibles para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio.
En caso de que agentes federales soliciten acceso a las instalaciones, el personal deberá requerir la documentación judicial correspondiente.
“La única manera en que pueden entrar a cualquiera de los espacios es con una orden judicial. Entonces, nosotros tenemos un protocolo donde cerraremos con llave todas las escuelas en el momento en que sepamos que agentes de inmigración estén considerando entrar”, agregó Sabbah.
Líderes comunitarios y padres de familia han manifestado su apoyo a la decisión, afirmando que fortalece la confianza entre las escuelas y las familias, además de contribuir a prevenir el ausentismo escolar y proteger el bienestar emocional de los estudiantes.
“Ojalá que todos los distritos escolares del condado sigan este ejemplo. Las escuelas no deben ser campos de batalla, no deben ser campamentos militares”, afirmó Francisco Rodríguez, padre de familia y líder comunitario.
Se espera que, a raíz de esta iniciativa, otros distritos escolares de la Costa Central consideren aprobar resoluciones similares para reforzar la protección de los estudiantes y la comunidad escolar.
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