Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 24 de diciembre de 2025
Kansas vuelve a estar en el centro del debate nacional sobre el derecho al voto. Un nuevo informe advierte que la experiencia del estado con leyes que exigen prueba de ciudadanía para votar debe servir como clara advertencia para el Congreso y aquellos estados que avanzan en iniciativas similares.
El análisis, elaborado por Dēmos, Campaign Legal Center y State Voices, examina datos de Kansas y Arizona, concluyendo que estas leyes son costosas, propensas a errores y terminan excluyendo a votantes elegibles, a pesar de que la ciudadanía ya es un requisito legal para ejercer el voto en Estados Unidos.
Una política fallida en Kansas
Kansas implementó su ley de prueba de ciudadanía tras la aprobación del Kansas Secure and Fair Elections Act (SAFE Act) en 2011. Desde 2013, cualquier persona que se registraba para votar debía presentar documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento.
La medida estuvo vigente por poco más de tres años antes de ser detenida por un juez federal. En 2018, la ley fue declarada inconstitucional y en 2020, el Décimo Circuito de Apelaciones confirmó el fallo.
Durante este tiempo, más de 30,000 kansanos vieron sus registros suspendidos o invalidados, según el informe.
Costos mucho mayores a lo prometido
Uno de los hallazgos fundamentales del informe es su impacto financiero. Los legisladores inicialmente estimaron que la ley costaría solamente $12,500 en su primer año fiscal y $1,000 en el siguiente. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.
En su primer año completo, la Oficina del Secretario de Estado gastó más de $192,000 para implementar la law. El informe estima que el gasto total superó los $350,000 entre su aprobación y entrada en vigor, sin contar los costos adicionales derivados de errores y litigios.
Además, el estado terminó pagando $1.9 millones en honorarios legales tras perder en dos demandas relacionadas con la ley.
Errores administrativos y falta de coordinación
El informe documenta una “ruptura prolongada” en la comunicación entre el Departamento de Vehículos Motorizados, la oficina del Secretario de Estado, las oficinas electorales de los condados y los propios votantes.
Los empleados del DMV no estaban capacitados para solicitar prueba de ciudadanía ni para informar a las personas sobre el nuevo requisito, lo que generó una gran confusión. Además, Kansas carecía de sistemas tecnológicos para verificar números de pasaporte o certificados de nacimiento.
“Cuando se vincula la verificación de ciudadanía a bases de datos que no fueron diseñadas para eso, surgen errores”, explicó Lata Nott, directora de política de derechos electorales del Campaign Legal Center. “Y esos errores no son menores: le quitan a la gente su derecho al voto”.
El fraude que nunca se demostró
La ley fue promovida por el entonces secretario de Estado, Kris Kobach, bajo la premisa de combatir el fraude electoral. No obstante, nunca se demostró fraude en los tribunales.
Según la Corte de Apelaciones, solo 39 no ciudadanos se registraron para votar en Kansas entre 1999 y 2013, lo que representó apenas el 0.002% del padrón electoral.
“El problema no era el fraude, sino las fallas administrativas”, concluyó el tribunal, señalando que la ley tuvo un impacto desproporcionado en ciertos votantes.
Impacto en comunidades vulnerables
Los autores del informe advierten que las leyes de prueba de ciudadanía actúan como una forma de supresión del voto, afectando más severamente a comunidades históricamente marginadas.
“Son barreras sociales que impactan especialmente a votantes de color, personas de bajos ingresos y comunidades excluidas”, afirmó Neda Khoshkhoo, directora interina de democracia en Dēmos.
A medida que otros estados como Indiana, New Hampshire, Ohio y Wyoming aprobaron leyes similares en 2025, los expertos anticipan que el debate se intensificará en 2026.
Una advertencia para el futuro
Aunque una propuesta federal para exigir prueba de ciudadanía no ha avanzado, el informe sostiene que la experiencia de Kansas demuestra que estas políticas no solo fallan en su objetivo, sino que también generan costos fiscales, caos administrativo y pérdida de confianza pública.
“Cuando se combinan los costos financieros con el daño real a los votantes, es necesario replantear seriamente el valor de estas políticas”, concluyó Marissa Liebling, de State Voices.
Fuente original: Noticias Kansas
Por Karen Gutierrez
26 Dec, 2025
