RENO, NV.- En una medida que ha sacudido a la comunidad inmigrante en el sur de Florida, el Ayuntamiento de Doral aprobó este miércoles por unanimidad un acuerdo que autoriza a su Policía local a colaborar directamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para aplicar leyes migratorias, bajo el controvertido programa federal 287(g).
La decisión marca un giro significativo para esta ciudad de aproximadamente 27.000 inmigrantes venezolanos —la mayor población de venezolanos en EE.UU.— y que por años ha sido un símbolo de refugio y crecimiento para miles de familias desplazadas por la crisis en Venezuela.
¿Qué es el programa 287(g)?
El programa 287(g) permite a los agentes policiales locales actuar como oficiales de inmigración bajo la supervisión de ICE. Esto incluye interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin autorización legal, así como ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias.
Según un comunicado del gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicado en febrero, esta acción busca reforzar el cumplimiento de la ley estatal y federal, y los municipios están legalmente obligados a colaborar o enfrentar consecuencias legales.
Durante la reunión del consejo municipal del miércoles, el fiscal de la ciudad, Lorenzo Cobiella, expresó su pesar por tener que aprobar el acuerdo. “Aprobar esto es doloroso para todos. Todos somos inmigrantes. Yo soy inmigrante”, declaró. Sin embargo, aseguró que “el estado nos obliga a tomar ciertas medidas y, si no las tomamos, nos amenazan con sanciones penales”.
El concejal Rafael Pineyro, de origen venezolano y único miembro del consejo con esa nacionalidad, también votó a favor, señalando que el programa busca enfocarse en personas que han cometido delitos.
La medida fue rechazada por varios residentes que intervinieron durante los comentarios públicos. Una de las voces más críticas fue la de Adelis Ferro, venezolana-estadounidense, quien advirtió sobre las consecuencias de esta colaboración entre la policía local y las autoridades federales de inmigración. “La decisión de la Ciudad de Doral de alinearse con el ICE marca un cambio peligroso que amenaza la seguridad, la dignidad y la confianza de las mismas personas que construyeron esta comunidad”, expresó Ferro. También apeló a las raíces migratorias de los funcionarios locales: “Cada uno de ustedes […] es inmigrante o hijo de inmigrante; saben lo que significa dejarlo todo por una oportunidad de libertad”.
La aprobación del acuerdo ocurre en un momento en que la administración de Donald Trump ha retomado medidas migratorias agresivas, incluyendo la reanudación de vuelos de repatriación a Venezuela tras un acuerdo bilateral. Doral, apodada “Doralzuela”, ha sido un bastión electoral para Trump, cuyo apoyo entre los venezolanos aumentó significativamente en las últimas elecciones.
