RENO, NV – En un giro que podría transformar radicalmente el sistema migratorio del país, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) está a punto de asumir un rol activo en tareas de control y vigilancia, una función que hasta ahora no le correspondía. La nueva política, autorizada por la administración Trump, ha encendido las alarmas entre defensores de los derechos de los inmigrantes.
La medida, que podría entrar en vigencia en aproximadamente 30 días, contempla que la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tenga agentes presentes en sus oficinas con la finalidad de arrestar a extranjeros que no cumplan con las leyes de inmigración y, en el peor de los casos, ordenar una deportación expedita.
Este cambio representa una reestructuración sin precedentes para USCIS, cuya misión se ha centrado históricamente en trámites administrativos como solicitudes de asilo, naturalización y residencia permanente. Ahora, la misma oficina a la que los inmigrantes acuden para regularizar su estatus podría convertirse en un lugar de detención.
La política se enmarca en la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump y su lucha contra la inmigración indocumentada.
¿Qué son las deportaciones expeditas?
También conocidas como “deportaciones aceleradas”, son procesos de expulsión rápida de inmigrantes que no requieren una audiencia ante un tribunal de inmigración. Este proceso, que incluye la detención, una orden de expulsión y una deportación rápida, se aplica generalmente en dos escenarios:
- Ingreso sin autorización: Cuando una persona entra al país sin pasar por un control migratorio adecuado.
- Incumplimiento de la ley: Cuando una persona no ha cumplido con los requisitos para su entrada o permanencia legal en Estados Unidos.
Organizaciones civiles y defensores de inmigrantes temen que esta nueva facultad de USCIS disuada a las personas de iniciar trámites por miedo a ser detenidos y deportados sin el debido proceso judicial.
