ICE en Colorado: Abogados advierten sobre entrada forzada a viviendas sin orden judicial

Por Karen Gutiérrez, Noticias
Colorado, 6 de febrero de 2026

Un documento filtrado que genera alarma

Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), obtenido por The Associated Press el pasado 21 de enero, está provocando preocupación entre abogados de inmigración en Colorado y defensores de los derechos civiles. El documento permite a los oficiales federales de inmigración acceder por la fuerza a viviendas sin una orden firmas por un juez, con el objetivo de llevar a cabo arrestos y procesos de deportación.

Esta revelación se da en un contexto de intensificación de operativos migratorios en diferentes áreas del estado, lo que, según los abogados, podría resultar en violaciones a las históricas protecciones constitucionales, especialmente a la Cuarta Enmienda, que salvaguarda a las personas contra registros e incautaciones irrazonables.

Qué dice el memorando y por qué es controvertido

Según el documento, los agentes pueden justificarse en órdenes administrativas —redactadas y firmadas por representantes de ICE— para entrar a residencias privadas. Sin embargo, estas órdenes no son emitidas por jueces y, tradicionalmente, no confieren autoridad legal para ingresar a una vivienda sin el consentimiento del ocupante.

Los abogados de Colorado advierten que el memorando desafía décadas de jurisprudencia. “Estamos sorprendidos por lo que está ocurriendo en todo el país”, afirmó Karen McCarthy, fundadora del bufete Elevation Law. “Nuestro principal objetivo es proteger a nuestros clientes y a la comunidad, y realmente, obligar al gobierno a rendir cuentas y asegurarse de que la administración actual respete la Constitución”.

Postura del Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el uso de órdenes administrativas para ingresar a viviendas es legal, argumentando que las personas a las que se les aplican estas órdenes ya han recibido un debido proceso. Además, la agencia ha indicado que las personas sin estatus legal “no tienen los mismos derechos que los ciudadanos”.

Esta interpretación, según los abogados, es peligrosa y jurídicamente cuestionable. La Cuarta Enmienda no limita sus protecciones únicamente a ciudadanos, sino a “personas”, lo que históricamente incluye a inmigrantes, independientemente de su situación migratoria.

Impacto directo en familias y comunidades

Para las comunidades de inmigrantes, la noticia genera un clima de miedo e incertidumbre. Los abogados indican que un mayor número de agentes podría sentirse “invencible” para ingresar a viviendas sin cumplir con los requisitos legales tradicionales, lo que podría generar arrestos que luego sean disputados en los tribunales.

Organizaciones comunitarias han comenzado a intensificar campañas de “conozca sus derechos”, recordando a las personas que no están obligadas a abrir la puerta a agentes sin una orden judicial firmada por un juez y que tienen el derecho a guardar silencio.

Diferencia entre orden administrativa y orden judicial

Orden administrativa

Emitida por ICE u otra agencia federal. Carece de la firma de un juez y, por sí sola, no autoriza el ingreso forzado a una vivienda.

Orden judicial

Firmada por un juez o magistrado, y puede autorizar el ingreso a un domicilio bajo circunstancias específicas.

Esta distinción es clave para determinar la legalidad de un operativo.

Posibles consecuencias legales

Experts señalan que si los agentes llevan a cabo arrestos basados únicamente en órdenes administrativas y sin consentimiento, esos casos podrían enfrentar desafíos legales significativos. Las pruebas obtenidas de forma ilegal podrían ser excluidas, y los arrestos podrían ser invalidados.

A nivel nacional, legisladores demócratas ya han exigido “cambios drásticos” en ICE, que incluyen el uso obligatorio de cámaras corporales, órdenes judiciales y mayor supervisión.

Un debate que apenas comienza

El memorando filtrado ha reavivado el debate sobre hasta dónde puede llegar la autoridad del gobierno federal en la aplicación de leyes de inmigración y qué límites impone la Constitución.

Para abogados como McCarthy, el mensaje es claro: “Se trata de proteger a nuestras comunidades y de asegurarnos de que el gobierno respete el estado de derecho”.