RENO, NV — En una medida drástica para preservar la integridad institucional, la administración municipal de Reno ha colocado a la jefa de policía, Kathryn Nance, y a otros cinco miembros del Departamento de Policía de Reno (RPD) en licencia administrativa remunerada. La decisión surge tras acusaciones de posibles violaciones a las políticas de la ciudad, lo que ha provocado una reestructuración inmediata en el mando de la fuerza pública.
La administradora municipal, Jackie Bryant, anunció que la ciudad ha solicitado formalmente al Departamento de Seguridad Pública de Nevada que dirija la investigación, garantizando así un proceso objetivo y libre de influencias internas. Durante una conferencia de prensa este lunes 9 de marzo, Bryant calificó la situación como “molesta, por decir lo menos”, aunque enfatizó que la licencia administrativa es una medida procesal y no constituye un hallazgo de culpabilidad.
Para cubrir el vacío de liderazgo, la ciudad de Reno ha firmado un acuerdo interlocal con la Oficina del Sheriff del Condado Washoe. Bajo este acuerdo, un oficial de alto rango de la oficina del sheriff asumirá el rol de jefe interino, operando desde las instalaciones del RPD, mientras la administración municipal retiene la supervisión ejecutiva.
La alcaldesa de Reno, Hillary Schieve, subrayó la importancia de la transparencia en este proceso. “La seguridad pública y mantener la confianza de nuestra comunidad son nuestras prioridades más altas”, declaró Schieve. “Cuando se plantean inquietudes que involucran al liderazgo del Departamento de Policía de Reno, es nuestra responsabilidad abordarlas de manera reflexiva y transparente mientras garantizamos la seguridad de nuestros residentes”.
A pesar de la agitación en los niveles superiores, las autoridades aseguran que los servicios policiales para los ciudadanos de Reno continuarán sin interrupciones. El RPD seguirá operando bajo sus políticas y procedimientos establecidos mientras dura la investigación.
Nance, quien asumió el cargo en febrero de 2023, y los otros cinco oficiales —cuyas identidades no han sido reveladas— mantienen sus derechos al debido proceso conforme a la ley y los acuerdos de negociación colectiva.
