RENO, NV.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer durante la reunión programada en Washington con el presidente Nakib Bukele, que su administración evalúa la posibilidad de enviar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a cumplir sus penas en El Salvador. La propuesta ha generado cuestionamientos legales por su posible inconstitucionalidad.
Durante una conversación con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Trump se refirió al uso del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad ubicada en El Salvador, como posible destino para encarcelar a delincuentes violentos estadounidenses. Según el mandatario, se trataría de individuos condenados por crímenes graves, aunque también hizo referencia a personas que participen en protestas, mencionando en tono sarcástico que Bukele “tendría que construir cinco lugares más”.
Aunque ya se ha utilizado la prisión para recibir inmigrantes deportados de Estados Unidos, Trump señaló que su gobierno explora mecanismos legales para extender esa medida a ciudadanos estadounidenses. Juristas consultados han advertido que dicha acción violaría derechos constitucionales fundamentales, ya que la ciudadanía estadounidense impide que una persona sea deportada o encarcelada en otro país por decisión del gobierno federal.
Expertos en derecho indican que no existen precedentes legales que permitan trasladar a ciudadanos estadounidenses a una prisión extranjera sin su consentimiento ni un tratado internacional que lo avale. Además, recuerdan que la deportación solo aplica a personas extranjeras sin estatus legal, no a ciudadanos nacidos o naturalizados en Estados Unidos.
