RENO, NV.- El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, ha dado un nuevo paso en la defensa de los estudiantes más vulnerables del estado. El jueves se unió a una demanda contra el Departamento de Educación de Estados Unidos, en un intento por restaurar el acceso a programas de apoyo económico implementados durante la pandemia y que beneficiaban especialmente a estudiantes de bajos ingresos y sin hogar.
Ford se suma a una coalición de 15 fiscales generales estatales y al gobernador de Pensilvania, quienes argumentan que el Gobierno federal, bajo la administración del presidente Donald Trump, eliminó ilegalmente cientos de millones de dólares en subvenciones otorgadas por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act).
“Los recortes a estos programas son ilegales y tendrán un impacto devastador en los niños de Nevada”, afirmó Ford en un comunicado emitido por su oficina. “Cada vez que la Administración Trump viola la ley y afecta negativamente a los nevadenses, mi oficina lo llevará a los tribunales; este caso no es la excepción”.
La demanda, de 55 páginas, sostiene que los fondos federales cancelados eran clave para mitigar los efectos a largo plazo de la pandemia en el sistema educativo, especialmente en los niveles de primaria y secundaria. Estos recursos estaban destinados a servicios como acceso a la tecnología, apoyo psicológico, alimentación escolar y ayuda para estudiantes en situación de calle.
La cancelación de estos fondos forma parte de una serie de decisiones que han sido objeto de múltiples litigios por parte de fiscales generales demócratas. Aaron Ford, en particular, ha encabezado acciones legales anteriores contra recortes de fondos en áreas de investigación científica, salud pública y reformas electorales.
En respuesta, la demanda solicita que el Departamento de Educación restablezca de inmediato la entrega de los fondos, y que se impida cualquier futura cancelación arbitraria sin el debido proceso legal.
