La agencia federal U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha emitido una respuesta contundente a la orden ejecutiva firmada por el alcalde de Denver, Mike Johnston, que prohíbe a los agentes federales utilizar propiedades municipales para operativos migratorios y ordena a la policía local proteger a manifestantes pacíficos cerca de acciones de la agencia.
En un comunicado oficial emitido el viernes, ICE calificó la orden como “analfabetismo jurídico” y afirmó que las autoridades locales no tienen la competencia para impedir que agentes federales apliquen leyes migratorias en espacios públicos. La agencia comparó la medida con un intento de bloquear la actividad periodística en las calles de la ciudad, subrayando que la aplicación de la ley federal es una responsabilidad clara que exige adherence a la Constitución de los Estados Unidos.
El comunicado también critica las prioridades del alcalde, señalando que, mientras Johnston promueve la liberación de acusados de delitos graves, los agentes federales continúan “arriesgando sus vidas para arrestar a criminales y hacer de Denver una ciudad más segura”.
ICE enfatizó que, legalmente, ningún funcionario municipal puede obstruir la ejecución de la ley federal en la propiedad pública ni negar a sus agentes el ejercicio de esa autoridad, aún controlando el uso del espacio municipal. La agencia citó la Cláusula de Supremacía de la Constitución como fundamento para defender que las leyes federales prevalecen sobre las ordenanzas locales en caso de conflicto.
La respuesta de ICE también refutó la idea de que su presencia o acciones en una ciudad como Denver constituyan una amenaza que pueda ser regulada por autoridades locales. Argumentaron que restringir la acción de agentes federales, mientras se permite el acceso de otros ciudadanos a propiedades municipales, genera problemas constitucionales significativos.
La postura de la agencia se presenta en el contexto de un debate más amplio sobre la autoridad de los gobiernos locales para establecer límites a las operaciones federales. Esto ocurre poco después de que el alcalde Johnston firmara la Orden Ejecutiva 152, que además prohíbe el uso de propiedades municipales para actividades de aplicación civil de leyes migratorias sin una orden judicial válida. La medida también incluye directrices para que la policía local implemente tácticas de desescalamiento, grabe escenas con cámaras corporales y lleve a cabo investigaciones independientes si se reportan presuntas irregularidades por parte de los agentes federales.
A pesar de que el alcalde y otros funcionarios de Denver defendieron la orden como una forma de proteger a los residentes y manifestantes pacíficos, la respuesta de ICE pone en duda su viabilidad legal y anticipa posibles desafíos constitucionales si se intenta hacer cumplir.
La tensión entre la ciudad y la agencia federal refleja un debate más amplio en Estados Unidos sobre el papel que deben desempeñar las autoridades locales frente a las políticas de inmigración y las acciones de aplicación de la ley federal.
Fuente original: Noticias Colorado
Por Julio Garcia
27 Feb, 2026
