RENO, NV.- Un tribunal federal de apelaciones en Washington mantuvo este miércoles la prohibición temporal impuesta al gobierno de Donald Trump para utilizar una antigua ley de tiempos de guerra con el fin de deportar sumariamente a migrantes venezolanos, argumentando que la medida niega el debido proceso a los afectados.
La jueza Patricia A. Millett, parte del panel de apelaciones, explicó en su escrito que la administración de Trump no puede proceder con estas deportaciones masivas sin otorgar a los migrantes la oportunidad de una revisión judicial adecuada. Sin embargo, la orden que mantiene el bloqueo expirará en unos días, lo que deja la puerta abierta a nuevas decisiones judiciales en torno a este caso.
El juez James E. Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito de Washington, ya había dictado en marzo una orden de restricción que impedía la expulsión inmediata de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua. No obstante, esta medida no impide que el gobierno detenga a estas personas ni que sean deportadas siguiendo los procedimientos habituales de la ley migratoria.
El caso ha generado un intenso debate sobre la decisión de la administración de Trump de recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que ha sido utilizada solo en tres ocasiones previas, todas en tiempos de guerra. Esta ley permite la expulsión de ciudadanos extranjeros si su país de origen está en guerra con Estados Unidos o si se considera que están involucrados en una “incursión predatoria” en territorio estadounidense.
Trump ha sostenido que la banda Tren de Aragua cumple con estos criterios, afirmando que no se trata solo de migración irregular, sino de una amenaza directa a la seguridad del país. En su proclamación, también argumentó que los miembros de la organización criminal no han salido de Venezuela por voluntad propia, sino bajo la dirección del gobierno de Nicolás Maduro con el supuesto objetivo de desestabilizar a Estados Unidos.
La jueza Karen LeCraft Henderson, quien forma parte del panel de apelaciones, expresó dudas sobre la interpretación del gobierno, señalando que el término “invasión” o “incursión predatoria” parece referirse a un ataque u hostilidad directa, y que la migración por sí sola no cumple con esta definición. A pesar del fallo en contra de la administración de Trump, la jueza advirtió que el gobierno aún tendrá la oportunidad de demostrar que el Tren de Aragua encaja en los criterios establecidos por la ley.
Otro punto de controversia en este caso ha sido la ejecución de deportaciones mientras la orden judicial estaba en vigor. El juez Boasberg está evaluando si el Departamento de Justicia violó su restricción al completar el traslado de dos aviones con migrantes venezolanos hacia El Salvador en el momento en que emitió su fallo. El gobierno ha defendido su actuación argumentando que los vuelos ya habían salido del espacio aéreo estadounidense cuando la orden fue dictada, por lo que no habría incurrido en una falta.
Con la orden actual de restricción a punto de expirar, se espera que Boasberg se pronuncie pronto sobre la posibilidad de extender la medida de manera más prolongada. De ser así, el gobierno de Trump enfrentaría mayores obstáculos legales para continuar con su política de deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida válida en tiempos de guerra y no, en circunstancias de paz.
