Otay Mesa, CA – Líderes locales y estatales de San Diego hicieron un esfuerzo para acceder al Centro de Detención de Otay Mesa con el objetivo de realizar inspecciones, ante reportes de condiciones insalubres que afectaban a los migrantes. Sin embargo, sus intentos fueron nuevamente frustrados por las autoridades federales y los administradores del centro, según informó Jonathan Sarabia.
La supervisora del Condado, Terra Lawson-Remer, junto a su colega Paloma Aguirre, llegó al centro con la intención de llevar a cabo una inspección de salud pública, pero se les negó la entrada. Más tarde, el senador Alex Padilla también intentó ingresar basado en su autoridad federal, pero no tuvo éxito.
El Condado de San Diego había solicitado realizar una inspección sanitaria en el Centro de Detención de Otay Mesa. Lawson-Remer, presidenta de la Junta del Condado, declaró su intención de asegurarse de que las personas detenidas estuvieran recibiendo atención digna, y al menos, que se mantuvieran seguras y saludables.
“Vamos a estar ahí inspeccionando las instalaciones y asegurándonos de que quienes están aquí estén siendo atendidos adecuadamente”, afirmó Lawson-Remer.
La ley de California permite a los condados inspeccionar centros de detención dentro de su jurisdicción cuando se presentan problemas de salud pública. Estas inspecciones buscan evaluar el cumplimiento de normas de higiene, alimentación, condiciones de alojamiento y atención médica adecuada.
Lawson-Remer expresó: “No sabemos qué vamos a encontrar. Es probable que se hayan preparado para nuestra llegada, pero somos el primer condado en California en ejercer esta supervisión, y la tomamos muy en serio.”
Antes de la llegada de las supervisores, el Director Médico del Condado realizó una visita inicial, pero su acceso fue limitado, pudiendo ver solo un 10% del centro, incluyendo la cocina y las áreas de chequeo de salud.
A pesar de haberse presentado con solicitudes formales, a las supervisoras se les negó la entrada en el último momento, argumentando que no había sido aprobada por ICE. Paloma Aguirre comentó que, tras mostrar correos electrónicos que confirmaban su autorización, la historia cambió a que sólo se requería aprobación local de ICE.
Lawson-Remer advirtió: “Si no nos dejan entrar a pesar de más de una semana de aviso, me imagino cuán terribles pueden ser las condiciones dentro.”
Los líderes manifestaron haber recibido quejas sobre la falta de oportunidades para salir al aire libre, la escasez de comida fresca, la falta de atención médica y reportes sobre abusos sexuales.
Aguirre expresó: “Esto es preocupante. ¿Qué están tratando de ocultar? ¿Qué sufren los detenidos que no quieren que se conozca?”
Lawson-Remer también mencionó: “Estoy muy preocupada. No es solo un asunto moral, sino claramente un tema legal.”
El senador Padilla llegó más tarde por separado, intentando hacer valer su autoridad federal, que no requiere aviso previo, pero no logró ingresar al centro tampoco.
Padilla comentó: “Esto no es aceptable. Como miembro del Congreso, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se cumplan las condiciones mínimas requeridas por la ley. ¿Qué están ocultando?”
Los sentimientos de preocupación y frustración predominan entre estos líderes tras ser negados los accesos. Están considerando presentar una demanda contra ICE y CoreCivic, la compañía que gestiona el centro, por violar la ley al obstaculizar las inspecciones necesarias.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Jonathan Sarabia
20 Feb, 2026
