SANTA FE, Nuevo México -El Proyecto de Ley 9, conocido como la Immigrant Safety Act, ha sido firmado y ahora es ley en Nuevo México después de la aprobación de la gobernadora este jueves. Este nuevo marco legal marca el inicio de una transformación en la política migratoria del estado, surgiendo, así, importantes interrogantes sobre su implementación y alcance.
La ley prohíbe a las agencias estatales y a los gobiernos locales firmar o renovar acuerdos que permitan detener a individuos por violaciones civiles de inmigración, además de restringir ciertos tipos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La representante estatal Angélica Rubio, quien patrocinó la medida en la Cámara de Representantes, subrayó que la aprobación de la HB 9 es el resultado de un esfuerzo acumulado durante más de una década.
“Es crucial comprender que esto no comenzó solo por un presidente o una administración. Ha sido un trabajo continuo durante años,” declaró Rubio.
Rubio agregó que los recientes operativos de ICE en varios estados reforzaron la necesidad urgente de avanzar con esta ley en Nuevo México.
Aunque HB 9 no obliga al cierre inmediato de los centros de detención migratoria, sí da inicio a un proceso de transición. Según Rubio, el 20 de mayo se destaca como una fecha clave para su implementación.
“No significa que esos tres condados deban cerrar de inmediato, pero es el inicio del proceso en el que ya se debe comenzar a clausurarlos,” indicó.
Las organizaciones comunitarias que promovieron esta iniciativa durante años celebraron la firma de la ley. Arturo Ramón, director de comunicación de SOMOS Acción / SOMOS Un Pueblo Unido, calificó este acontecimiento como histórico.
“Es un momento de alegría y reconocimiento a casi una década de trabajo, tanto de nuestros miembros, como de organizaciones aliadas y del liderazgo estatal,” afirmó.
No obstante, Ramón advirtió que, a pesar de la aprobación de la HB 9, las comunidades inmigrantes deben continuar tomando precauciones.
“ICE sigue presente, pero ahora existe más tranquilidad y confianza, por ejemplo, con la policía,” explicó.
La aprobación de esta ley también ha suscitado preocupaciones sobre su impacto económico en los condados que dependen de los centros de detención. Sin embargo, las organizaciones defensoras sostienen que mantener este modelo podría perjudicar a largo plazo a la población, afectar la recaudación fiscal y la estabilidad económica del estado, argumentando que la HB 9 busca fortalecer la economía estatal con una visión a futuro.
La implementación de esta ley será monitoreada de cerca en los meses próximos, mientras el estado determina cómo se traducirá esta modificación legal en la práctica.
Fuente original: Noticias New Mexico
Por Alexandra Callender
18 Feb, 2026
