La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves una polémica reforma parcial a la Constitución Política del país, en su sitio web.
El comunicado agrega que la votación fue unánime.
Se trata de una iniciativa presentada en noviembre por el presidente Daniel Ortega, que propuso la subordinación de los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales al Poder Ejecutivo. El gobierno argumenta que de este modo practica la “democracia directa”, mientras que sus detractores vienen advirtiendo que, por el contrario, esto elimina la pluralidad de los poderes públicos.
La reforma constitucional amplía a de cinco a seis años el período de las autoridades electas por el voto popular en las últimas elecciones nacionales, municipales y regionales.
La reforma, que modificó varios artículos de la Constitución de Nicaragua, plantea además que el Ejecutivo sea liderado por “un copresidente y una copresidenta”, que ejerza la Jefatura Suprema del Ejército, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Ambos gozarán de immunidad.
También prevé que la Presidencia de la República sea la única instancia facultada para proponer candidatos a la Corte Suprema de Justicia, nombrar vicepresidentes vetar total o parcialmente proyectos de ley.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la reforma constitucional aprobada “vulnera las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua”, por lo que “urge al Estado a revisarla para garantizar la separación de los poderes, el pluralismo político y las libertades fundamentales, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país”.
El abogado y activista por los derechos humanos Reed Brody afirmó que la reforma es una “sentencia de muerte” para el Estado de derecho.
“Las grotescas reformas constitucionales de Nicaragua son la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades básicas. Ortega y Murillo pueden suspender todos los derechos, convocar al Ejército para acciones policiales y desplegar a la llamada ‘Policía voluntaria’ como ejecutores”, dijo en su cuenta de X.
Desde que se planteó la reforma, muchos críticos al gobierno de Ortega resaltaron los riesgos de incrementar los poderes del Ejecutivo. Juan Sebastián Chamorro, de la organización Concertación Democrática Nicaragüense, dijo que la reforma eliminaría la separación de poderes y que constituiría una “codictadura bicéfala” y “la más flagrante violación de los derechos”.
Las libertades civiles en Nicaragua se han reducido drásticamente bajo el liderazgo prolongado y autoritario de Daniel Ortega, quien comenzó su quinto mandato en 2021.
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