Reno, NV – El gobierno federal ha puesto a Nevada en el centro de una controversia nacional sobre inmigración, añadiendo al estado a una lista oficial de jurisdicciones cuyas políticas santuario, según el Departamento de Justicia (DOJ), obstruyen la aplicación de la ley federal y comprometen la seguridad pública.
En un comunicado emitido desde Washington, el Departamento de Justicia identificó a Nevada como uno de los estados que mantienen políticas que impiden la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Esta designación coloca a Nevada junto a otros estados de la costa oeste como California y Oregón, que también fueron mencionados en el informe.
La medida surge como resultado directo de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en el mes de abril, en la que instruyó al DOJ y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a identificar y publicar una lista de las jurisdicciones que no cumplen con la ley federal de inmigración.
La fiscal general, Pamela Bondi, expresó la posición del gobierno federal con un lenguaje contundente, dejando claro que se tomarán acciones legales contra estas políticas.
“Las políticas santuario impiden la aplicación de la ley y, por diseño, ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses”, declaró Bondi.
La fiscal general advirtió sobre las intenciones de la administración de combatir activamente estas medidas. “El Departamento de Justicia continuará presentando litigios contra las jurisdicciones santuario y trabajará en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas dañinas en todo el país”.
Las llamadas “políticas santuario” varían en su alcance, pero generalmente limitan a las agencias policiales locales de preguntar sobre el estatus migratorio de las personas o de detener a individuos únicamente por una solicitud de las autoridades de inmigración.
Mientras los defensores de estas políticas argumentan que fomentan la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía local, mejorando la seguridad general, la administración federal sostiene que crean un refugio para criminales y socavan el estado de derecho. El anuncio del Departamento de Justicia sugiere que Nevada podría enfrentar futuras batallas legales sobre este tema.
