Reno, NV- El gobierno del presidente Donald Trump ha sido demandado por una coalición de 20 fiscales generales estatales encabezados por California, tras revelarse que funcionarios de su administración entregaron datos médicos privados de millones de beneficiarios de Medicaid a agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en una acción que expertos califican como una grave violación de las leyes federales de privacidad.
La demanda se presentó luego de que The Associated Press revelara que asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la transferencia de datos confidenciales —incluyendo nombres, direcciones, números de seguro social, estatus migratorio y reclamaciones médicas— a funcionarios de deportación.
“Esto es una violación de siete décadas de política y práctica legal federal que han dejado claro que los datos personales de salud son confidenciales”, denunció el fiscal general de California, Rob Bonta, en conferencia de prensa.
Los datos pertenecen a personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington D.C., todos estados que permiten que inmigrantes sin ciudadanía accedan a Medicaid estatal.
Expertos temen que esta información sea utilizada por el DHS para localizar a personas indocumentadas como parte de una campaña de deportaciones masivas. La información fue compartida en medio de crecientes esfuerzos del gobierno de Trump por obtener acceso a más datos sobre inmigrantes.
Ya en mayo, un juez federal se había negado a bloquear una orden que permitía al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir datos fiscales con ICE, ampliando el alcance del aparato migratorio federal.
El Centro de Medicare y Medicaid Services (CMS) había advertido en junio que iniciaría una revisión de los registros de Medicaid para garantizar que los fondos federales no se usaran para personas con “estatus migratorio insatisfactorio”. Como parte de esa revisión, CMS pidió a varios estados que entregaran información sobre los beneficiarios no ciudadanos.
Funcionarios de CMS intentaron bloquear la transferencia de los datos, argumentando que la solicitud violaba leyes federales como la Ley del Seguro Social y la Ley de Privacidad de 1974. Sin embargo, estos argumentos no convencieron a los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), designados por Trump.
Según documentos obtenidos por AP, cuatro días después de esa objeción interna, el 10 de junio, funcionarios del HHS ordenaron la transferencia urgente de los datos al DHS “antes de las 5:30 p.m., hora de Miami”.
Aunque el HHS afirma que actuó “completamente dentro de su autoridad legal”, el portavoz de la agencia, Andrew Nixon, indicó que la intención era garantizar que los beneficios de Medicaid solo lleguen a quienes tienen “derecho legal a recibirlos”.
No obstante, docenas de legisladores demócratas han enviado cartas a las agencias involucradas exigiendo frenar el uso de la información médica en deportaciones y pidiendo que el DHS destruya de inmediato los datos ya transferidos.
