LAS VEGAS, NV.- El derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, garantizado desde hace casi 160 años por la 14.ª Enmienda de la Constitución, enfrenta una amenaza directa tras la firma de un decreto por parte del presidente Donald Trump el primer día de su actual mandato. La medida busca negar la nacionalidad automática a los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense, lo que ha generado una ola de incertidumbre entre miles de familias.
Actualmente, el decreto se encuentra suspendido por decisión de varios tribunales federales, pero el caso ha escalado hasta la Corte Suprema, que escuchó los argumentos esta semana. El gobierno sostiene que los hijos de personas sin estatus migratorio regular o de quienes se encuentran en EE. UU. con visas temporales no están “sujetos a la jurisdicción” del país y, por lo tanto, no deberían recibir la ciudadanía.
Nevada entre los estados más afectados
El impacto de una eventual eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento sería especialmente fuerte en Nevada, un estado con una amplia población inmigrante. Datos del American Immigration Council indican que:
- El 19.2 % de los residentes de Nevada nació en el extranjero.
- El 12.4 % de los nacidos en EE. UU. viven con al menos un padre inmigrante.
- Unos 321,100 residentes nacidos en el país viven con al menos un padre inmigrante.
- Los orígenes predominantes son: México (34.7 %), Filipinas (14.9 %), El Salvador (5.4 %), Cuba (4.1 %) y China (3.4 %).
Además, los inmigrantes constituyen el 23.5 % de la fuerza laboral del estado, el 26.7 % de los empresarios, el 18.2 % de los trabajadores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y el 30.2 % del personal de enfermería.
860,000 nacimientos anuales en riesgo
Según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), entre 2013 y 2024 nacieron en Estados Unidos un promedio anual de 860,000 bebés de madres extranjeras. Si el decreto de Trump entra en vigor, los nacimientos de hijos de inmigrantes sin ciudadanía podrían quedar excluidos de este derecho. Aunque el decreto no revocaría la ciudadanía de quienes nacieron antes de su aplicación, afectaría a miles de futuras familias que planean tener hijos o están en proceso de embarazo.
La base legal del derecho a la ciudadanía por nacimiento se remonta a una decisión de la Corte Suprema en 1898, que ratificó que todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanas, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, el gobierno actual argumenta que dicha interpretación debería ser revisada.
Trump ha insistido en que los tribunales federales han excedido su autoridad al bloquear su agenda migratoria, y espera que la Corte Suprema le dé luz verde a su plan en las próximas semanas. Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles han alertado sobre el efecto devastador que podría tener esta medida, especialmente en comunidades como la del estado de plata.
El Instituto de Política Migratoria advierte que el 86 % de los niños menores de 18 años en familias inmigrantes nacieron en EE. UU. y, por lo tanto, actualmente gozan de ciudadanía. Ese porcentaje podría verse reducido drásticamente si se concreta la eliminación del derecho.
Además del impacto humanitario, expertos señalan consecuencias económicas, ya que los hijos de inmigrantes representan una parte esencial del futuro del país. De concretarse este cambio constitucional, Estados Unidos rompería con una tradición jurídica de más de un siglo, afectando el tejido social y económico del país.
