BROWNSVILLE, TEXAS – Un matrimonio de Harlingen fue sentenciado a prisión federal por operar un esquema de fraude contra Medicare que involucró facturas por aproximadamente 14 millones de dólares por sillas de ruedas eléctricas, piezas y reparaciones que no se realizaron o proporcionaron.
Jeremiah Yzaguirre, de 47 años, y su esposa, Maria Luisa Yzaguirre, de 47, se declararon culpables el 22 de abril de 2025. El juez federal Fernando Rodriguez Jr. sentenció a Jeremiah a 110 meses de prisión, mientras que Maria Luisa recibió una condena de 80 meses.
Ambos deberán cumplir tres años de libertad supervisada después de sus respectivas condenas. Además, se les ordenó pagar conjuntamente 9 millones 248 mil 976 dólares en restitución a Medicare, así como una multa de 25 mil dólares.
Facturaban reparaciones que no se realizaban
La pareja operaba la empresa Southwest Medical Homepatient, ubicada en Harlingen y registrada en Medicare como proveedora de equipo médico duradero y servicios.
Entre 2019 y 2023, la empresa generó facturas por aproximadamente 14 millones de dólares por sillas de ruedas eléctricas, piezas y reparaciones correspondientes a solo 37 beneficiarios de Medicare.
La investigación documentó múltiples ocasiones en las que se facturaron cientos de piezas y reparaciones para la silla de ruedas de una sola persona.
Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, ambos admitieron haber recibido millones de dólares por servicios y piezas que nunca fueron proporcionados. En uno de los casos, facturaron aproximadamente 736 mil 72 dólares por reparaciones y piezas para un solo beneficiario, al afirmar falsamente que habían reemplazado componentes costosos cientos de veces.
Utilizaron las ganancias para adquirir bienes
De acuerdo con la investigación, el matrimonio utilizó las ganancias del fraude para comprar criptomonedas, un vehículo, aparatos electrónicos, artículos de colección y bolsos.
Ambos permanecerán bajo custodia mientras esperan su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones.
El caso fue investigado por el FBI y diversas agencias federales y estatales, incluidas las oficinas de inspección general de los departamentos de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y Texas, así como la Unidad de Control de Fraude a Medicaid de la Fiscalía General de Texas.
Los fiscales federales Andrew Swartz y Ana Cano estuvieron a cargo del proceso.
23 Oct, 2026
