El próximo 3 de noviembre, los votantes del condado de San Diego decidirán sobre tres medidas electorales relacionadas con los impuestos, el financiamiento de las escuelas públicas y los límites de mandato de los supervisores.
La Medida B propone un impuesto de medio centavo en ventas sujetas a impuestos para financiar servicios como la seguridad pública, la atención médica, la prevención de incendios y contaminación de aguas residuales. Según la supervisora Paloma Aguirre, podría generar entre 400 y 500 millones de dólares anuales, de los cuales el 22.5%, cerca de 80 millones, se destinaría a combatir la contaminación del río Tijuana. La medida también contempla un comité ciudadano para supervisar el uso de los fondos.
La Medida M permitiría al Distrito Escolar Unificado de San Diego emitir hasta 3.5 mil millones de dólares en bonos para reparar y modernizar sus instalaciones. Robert Barrera, presidente de la junta escolar, afirmó que los fondos financiarían mejoras de seguridad, mantenimiento y reparaciones, sin aumentar la tasa actual del impuesto a la propiedad.
Por su parte, la Medida A propone reformar la Carta Constitutiva del Condado para permitir que los supervisores cumplan hasta tres mandatos de cuatro años, en lugar de los dos actuales. Sus partidarios aseguran que el cambio modernizaría el gobierno local, mientras que sus opositores cuestionan que los funcionarios puedan beneficiarse de la reforma.
Los resultados determinarán el rumbo de estas propuestas de financiamiento y gobierno local en el condado de San Diego.
Reportera: Paulina Mejia-Arroyo, @itspaulinama
Fuente original: Noticias San Diego
19 Oct, 2026
