Recientemente, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que negaría la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que viven en el país apuntó a lo que sugirió que era un principio peculiarmente estadounidense: la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Mientras los tribunales se movilizaban para bloquear temporalmente su decreto, varios medios de comunicación señalaron que las declaraciones del presidente no eran del todo exactas. Según la Biblioteca Jurídica del Congreso, más de 30 países de todo el mundo reconocen la ciudadanía por derecho de nacimiento sin restricciones, en virtud de la cual los niños nacidos en su territorio adquieren automáticamente ese derecho independientemente de la situación migratoria de sus padres.
“Es ridículo. Somos el único país del mundo que hace esto con el derecho de nacimiento, como saben, y es absolutamente ridículo”, dijo el 47º presidente de Estados Unidos al cuestionar un principio que algunos de sus oponentes dicen que está en el corazón mismo de lo que significa llamarse estadounidense. Durante más de 150 años, la 14ª Enmienda de la Constitución ha concedido la ciudadanía automática a toda persona nacida en suelo estadounidense.
Mientras los tribunales actuaban para bloquear temporalmente su orden, varios medios de comunicación señalaron que las declaraciones del presidente no eran del todo exactas. Según la Biblioteca de Derecho del Congreso, más de 30 países de todo el mundo reconocen la ciudadanía por nacimiento sin restricciones, en virtud de la cual los niños nacidos en su territorio adquieren automáticamente ese derecho independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Sin embargo, dejando de lado la hipérbole presidencial, los datos de la Biblioteca de Derecho parecen sugerir que hay algo particularmente estadounidense (tanto del Norte como del Sur) en la idea de la ciudadanía por derecho de nacimiento sin restricciones.
Sorprendentemente, casi todos los países que reconocen la ciudadanía por derecho de nacimiento sin restricciones se encuentran en el hemisferio occidental, en América del Norte, del Sur y Central.
La gran mayoría de los países del resto del mundo no reconocen el principio de ius soli (del latín “derecho de suelo”) en el que se basa la ciudadanía por nacimiento sin restricciones o, si lo reconocen, lo hacen sólo en determinadas circunstancias, que a menudo tienen que ver con el estatus migratorio de los padres del recién nacido.
Entonces, ¿cómo se produjo la división?
En América del Norte, el “derecho de suelo” fue introducido por los británicos a través de sus colonias, según el estudio “La evolución de la ciudadanía” de Graziella Bertocchi y Chiara Strozzi.
El principio había sido establecido en el derecho inglés a principios del siglo XVII mediante una sentencia que establecía que todo aquel nacido en un lugar sujeto al rey de Inglaterra era un “súbdito natural de Inglaterra”.
Cuando Estados Unidos declaró su independencia, la idea perduró y se utilizó –—irónicamente para los británicos que se iban— para evitar la influencia extranjera, como en el requisito de Constitución de que el presidente sea un “ciudadano por nacimiento” de Estados Unidos.
Sin embargo, no fue hasta la década de 1820 que un movimiento liderado por estadounidenses negros —cuya ciudadanía no estaba explícitamente garantizada en ese momento— obligó al país a pensar seriamente en la cuestión, según Martha Jones, profesora de historia en la Universidad Johns Hopkins.
“En parte, se basan en el derecho de nacimiento porque la Constitución de Estados Unidos de 1787 exige que el presidente sea ciudadano por nacimiento. Por lo tanto, plantean la hipótesis de que si existe un ciudadano por nacimiento, ellos, al igual que el presidente, deben ser ciudadanos por nacimiento de Estados Unidos”.
El principio es debatido durante décadas hasta que finalmente se convirtió en ley en 1868 después de la Guerra Civil, lo que resultó en la libertad de los afroamericanos esclavizados, y se formalizó mediante la 14ª Enmienda, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Pero no fueron solo los británicos en América del Norte. Otras potencias coloniales europeas introdujeron la idea en países de América Central y del Sur también.
Lo que impulsó la práctica en muchas de estas áreas fue una necesidad económica. En esa época, las poblaciones del hemisferio occidental eran mucho más pequeñas que en otras partes del mundo que habían sido colonizadas y los colonos a menudo veían la concesión de la ciudadanía como una forma de impulsar su fuerza laboral.
“Había europeos que venían y decían: ‘Esta tierra es ahora nuestra tierra, y queremos que más europeos vengan aquí y que sean ciudadanos de estos nuevos países’. Así que es una mezcla de dominación colonial y luego la idea de que quieren poblar”, dijo el sociólogo John Skrentny, profesor de la Universidad de California en San Diego.
Más tarde, justo cuando la idea del “derecho de suelo” se volvió contra los británicos en América del Norte, tuvo ligar un revés similar en las colonias europeas del sur.
En América Latina, muchos países recién formados que habían obtenido la independencia en el siglo XIX vieron la ciudadanía por “derecho de suelo” como una forma de construir la identidad nacional y, así, romper aún más con sus antiguos gobernantes coloniales, según el estudio de Bertocchi y Strozzi.
Sin ese principio, razonaron, España podría haber reclamado jurisdicción sobre personas con ascendencia española que nacieron en antiguas colonias como Argentina, dijo Bertocchi, profesor de economía en la Universita’ di Modena e Reggio Emilia.
¿Qué pasa entonces con todos esos países de otras partes del mundo que también fueron colonizados por europeos pero que hoy no reconocen el “derecho de suelo”?
Muchos de ellos —en particular los de Asia y África— también recurrieron a leyes de ciudadanía para enviar un mensaje a sus antiguos gobernantes.
Sin embargo, en la mayoría de los casos estos países recurrieron a un tipo diferente de ciudadanía por derecho de nacimiento que tiene sus raíces en la ley europea: ius sanguinis (“derecho de sangre”), que generalmente se basa en la ascendencia, la paternidad, el matrimonio o los orígenes de la persona.
En algunos casos, este sistema fue implantado en África por potencias europeas que lo practicaban, escribieron Strozzi y Bertocchi en su estudio. Pero en otros casos, los países recientemente independizados lo adoptaron por su propia cuenta para construir sus naciones sobre una base étnica y cultural.
Hacerlo fue un cambio relativamente fácil. Como señala Skrentny, en muchos de estos lugares el “derecho de suelo” nunca había llegado a estar sido tan arraigado como en las Américas, en parte porque sus grandes poblaciones nativas implicaban que los colonizadores no necesitaban aumentar su fuerza laboral.
Desechar el “derecho de suelo” envió un mensaje a los antiguos colonos de que “no querían oír hablar más de eso”, dijo Bertocchi, mientras que adoptar el “derecho de sangre” aseguró que los descendientes de los colonizadores que permanecieron en África no serían considerados ciudadanos.
“Todos cambiaron al jus sanguinis”, dijo Bertocchi. “Parece paradójico, ¿verdad? Esta vez, para construir una identidad nacional, era necesario adoptar este principio”.
Hay un giro final que ayuda a explicar por qué el principio del “derecho de suelo” parece ser hoy un asunto en gran medida estadounidense.
Con el paso de los años, las potencias coloniales que en su díamomento habían aplicado el “derecho de suelo” han optado por abolirlo o restringir su uso, al igual que algunas de sus antiguas colonias.
En Reino Unido, fue eliminado por la Ley de Nacionalidad Británica de la década de 1980, que estableció varias condiciones para calificar para la ciudadanía británica, incluidas algunas relacionadas con la paternidad, como en el ius sanguinis.
Los expertos dicen que la fuerza impulsora de esos cambios —en Reino Unido y en otras partes de Europa— fue la preocupación de que los inmigrantes pudieran aprovecharse del sistema al ingresar al país con la intención de dar a luz a un niño con ciudadanía automática. En otras palabras, la misma preocupación que expresan muchos de los partidarios de Trump en los Estados Unidos de hoy.
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