Autoridades de California están aconsejando a los proveedores de atención médica que no escriban el estatus migratorio de los pacientes en las facturas y los registros médicos y les dijeron que no tienen que ayudar a los agentes federales en las detenciones. Algunos hospitales y clínicas de Massachusetts están publicando avisos sobre derechos de privacidad en las salas de emergencia y de espera en español y otros idiomas.
Mientras tanto, Florida y Texas están exigiendo a los centros de atención médica que pregunten el estatus migratorio de los pacientes y calculen el costo para los contribuyentes de brindar atención a inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización.
Donald Trump regresó a la Casa Blanca y declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, suspendió las admisiones de refugiados y amenazó con retirar la ciudadanía por derecho de nacimiento, o la política de otorgar ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos. Mientras comienza a llevar a cabo la ”operación de deportación más grande” en la historia de la nación, los estados han ofrecido pautas marcadamente diferentes a los hospitales, clínicas comunitarias y otras instalaciones de salud para pacientes inmigrantes.
Trump también ha anulado una política de larga data de no arrestar a personas sin estatus legal en lugares sensibles o cerca de ellos, como escuelas, iglesias y hospitales. Una propuesta para formalizar esas protecciones fracasó en el Congreso, en 2023.
Pero, independientemente de las directrices que emitan los estados, los hospitales de todo Estados Unidos afirman que no se rechazará a los pacientes debido a su estatus migratorio. “Nada de esto cambia la atención que reciben los pacientes”, dijo Carrie Williams, portavoz de la Asociación de Hospitales de Texas, que representa a los hospitales y sistemas de atención médica del estado. “No queremos que las personas desatiendan los cuidados y empeoren su situación porque están preocupadas por cuestiones de inmigración”.
Durante el primer mandato de Trump, los agentes de inmigración arrestaron a personas que recibían atención de emergencia en hospitales y a un niño durante un traslado en ambulancia. En Texas, los agentes de inmigración arrestaron a una mujer que esperaba una cirugía cerebral en un hospital de Fort Worth. En Portland, Oregon, los agentes arrestaron a un joven que salía de un hospital y, en San Bernardino, California, una mujer condujo hasta el hospital para dar a luz después de que su marido fuera arrestado en una gasolinera.
Se estima que cerca de 11 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos sin autorización, y la mayor parte se concentra en California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, según el Pew Research Center.
La mitad de los adultos inmigrantes que probablemente no tengan autorización no tienen seguro, en comparación con menos de 1 de cada 10 ciudadanos, según la Encuesta de Inmigrantes de KFF-Los Angeles Times de 2023, la encuesta no gubernamental más grande sobre inmigrantes en EE.UU. hasta la fecha. Si bien algunos estados están destacando los gastos de atención médica en los que incurren los inmigrantes, un informe de KFF señaló que los inmigrantes contribuyen más al sistema a través de las primas de seguro médico y los impuestos de lo que gastan. Los inmigrantes también tienen costos de atención médica más bajos que los ciudadanos.
Algunos proveedores de servicios de salud temen que los agentes de Control de Inmigración y de Aduanas interrumpan su trabajo en los centros de salud y provoquen que los pacientes, en particular los niños, no reciban atención médica. En el primer día de Trump, el presidente republicano emitió un decreto destinado a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de un padre sin autorización legal o con una visa, lo que podría dejarlos sin derecho a programas sociales y de salud federales. La orden fue impugnada de inmediato por los estados y un grupo de derechos civiles.
“Están infundiendo miedo en personas que pueden postergar los cuidados médicos, que pueden quedarse sin atención médica, cuyos hijos pueden no recibir las vacunas que necesitan, que pueden no recibir tratamiento para una infección de oído o una cirugía”, dijo Minal Giri, pediatra y presidenta de la Iniciativa de Salud Infantil para Refugiados e Inmigrantes en el Capítulo de Illinois de la Academia Estadounidense de Pediatría.
Una encuesta reciente realizada por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de los Inmigrantes de la Universidad del Sur de Florida reveló que el 66% de los no ciudadanos manifestaron una mayor vacilación a la hora de buscar atención médica después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara en 2023 una ley que exige que los hospitales que aceptan Medicaid pregunten sobre el estatus legal de los pacientes. Esta cifra es del 27% entre los ciudadanos.
“Realmente me alarmó ver cómo esta ley hacía que la gente dudara en ir al médico, incluso frente a una emergencia”, dijo Liz Ventura Molina, coautora de la encuesta y el informe.
Al firmar la ley, DeSantis la promocionó como “la legislación antiinmigración ilegal más ambiciosa” del país. Este mes, el gobernador republicano convocó a una sesión especial de la legislatura estatal para ayudar a apoyar la agenda de inmigración de Trump.
Jackson Health System, un proveedor de seguridad pública en Miami, dijo en un comunicado que los informes trimestrales al estado no contienen información individual de los pacientes. “Nos adherimos a toda la cooperación requerida con las agencias de aplicación de la ley, incluido el ICE, como parte de cualquier investigación criminal, entendiendo que las leyes de privacidad exigen que solo divulguemos información privada de los pacientes a través de una orden judicial”.
En agosto, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, emitió un decreto similar a la ley de Florida para registrar los costos de atención médica en que incurren los inmigrantes sin autorización legal. Se espera que todos los hospitales que reciben fondos de Medicaid o del Programa de Seguro Médico para Niños comiencen a informar los datos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas en marzo.
Incluso las ciudades controladas por los demócratas están caminando sobre una delgada línea. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se reunió en diciembre con el nuevo “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, y se comprometió a expulsar a los inmigrantes que hayan sido condenados por delitos graves y carezcan de estatus legal para permanecer en el país.
Al mismo tiempo, Adams propuso una campaña de concientización para que los inmigrantes y solicitantes de asilo sepan que pueden utilizar de forma segura los sistemas hospitalarios de la ciudad.
Algunos estados están yendo más allá y aconsejando a los centros de salud que hagan todo lo posible para proteger a los pacientes inmigrantes.
En diciembre, el fiscal estatal de California, Rob Bonta, publicó un documento de 42 páginas en el que recomendaba a los proveedores evitar incluir el estatus migratorio de los pacientes en las facturas y los registros médicos. La guía también enfatizaba que, si bien los proveedores no deben obstruir físicamente a los agentes de inmigración, no tienen obligación de ayudar en un arresto.
Según el documento, los centros de atención de salud deben publicar información sobre el derecho de los pacientes a permanecer en silencio y se les anima a proporcionar a los pacientes información de contacto de grupos de ayuda legal “en caso de que un padre sea detenido por las autoridades de inmigración”. Si es posible, dice, el centro debe designar un enlace de asuntos de inmigración para ayudar a capacitar al personal y proporcionar asesoramiento no legal a las familias.
“No podemos permitir que la maquinaria de deportación de Trump cree una cultura de miedo y desconfianza que impida a los inmigrantes acceder a servicios públicos vitales”, dijo Bonta, demócrata.
Este martes, la administración de Trump le ordenó al Departamento de Justicia que investigara a los funcionarios estatales y locales que no cooperaran con las autoridades migratorias. Durante el primer mandato de Trump, California limitó la cooperación con las autoridades federales tras alegar preocupaciones sobre la seguridad pública y la confianza de la comunidad. El Departamento de Justicia, entonces bajo el mando de Jeff Sessions, presentó una demanda para bloquear la ley, pero el estado ganó en un tribunal federal tras argumentar que los estados tienen la autoridad para decidir si se utilizan recursos locales para hacer cumplir la ley federal. La administración de Trump apeló, pero la Corte Suprema rechazó la petición.
Según la ley de California, los centros de salud estatales deben adoptar políticas para limitar su participación en la aplicación de las leyes de inmigración, y se alienta a las entidades privadas a seguir protocolos similares. David Simon, portavoz de la Asociación de Hospitales de California, que representa a más de 400 hospitales, dijo que los miembros han incorporado dichas políticas, lo que garantiza la privacidad de los pacientes.
“Los hospitales no llaman al ICE por los pacientes”, dijo Simon.
California se prepara para una nueva ronda de enfrentamientos con Trump. El gobernador Gavin Newsom y otros líderes demócratas del estado acordaron reservar US$ 50 millones para litigios y subvenciones a grupos inmigrantes sin fines de lucro.
Los legisladores de Nueva Jersey están considerando una ley para limitar que los centros de atención médica pregunten sobre el estatus migratorio de los pacientes. El proyecto de ley también exigiría que el fiscal general del estado establezca políticas para los hospitales y los centros de atención médica a fin de garantizar el acceso de los pacientes.
En la ciudad de Nueva York, los administradores de los hospitales están instruyendo al personal a buscar la orientación de un “enlace de inmigración” si las autoridades de inmigración se presentan, y a tomar fotos y videos de cualquier acción de cumplimiento si no pueden comunicarse con ellos primero. También están disuadiendo al personal de ayudar activamente a una persona a esconderse del ICE. En Massachusetts, algunas clínicas y hospitales están capacitando al personal sobre cómo leer las órdenes judiciales del ICE y planean exigir a los agentes del ICE que se identifiquen y presenten una orden judicial si quieren ingresar a un área privada.
“No podemos estar apurados en este momento”, dijo Altaf Saadi, neurólogo que codirige una clínica para solicitantes de asilo en el Hospital General de Massachusetts. “Tenemos que prepararnos para estos escenarios de peor caso, y esperamos que no ocurran, pero tenemos que estar preparados”.
Este artículo fue producido por KFF Health News, una sala de prensa nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación, encuestas y periodismo sobre políticas de salud. KFF Health News es el editor de California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.
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