Los planes de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados que analiza el entrante gobierno de Donald Trump podrían tener fuertes impactos en la economía estadounidense, teniendo en cuenta el aporte diversificado de esta población en las comunidades, en las arcas del país y en puestos fundamentales del mercado laboral.

El Pew Reasearch Center define a los trabajadores indocumentados como aquellos inmigrantes que viven en EE.UU. y entraron sin un permiso legal, o que entraron con una visa no permanente y se quedaron luego de su expiración. Sin embargo, también hay inmigrantes sin autorización que tienen permisos temporales para vivir y trabajar en el país, como los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), del Estatus de Protección Temporal (TPS), solicitantes de asilo u otras protecciones, así como los permisos parole in place.

El Departamento de Seguridad Nacional, en un informe publicado en abril de 2024, indicó que para inicios de 2022 había unos 11 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en EE.UU., una cifra similar a otras estimaciones privadas. Según el Centro de Estudios de Migración, había 11,7 millones de inmigrantes indocumentados en julio de 2023, mientras que el Centro Pew estimaba 11 millones en 2022, y reportaba también una tendencia al aumento desde 2019 que se acercaba al máximo histórico registrado en 2007, de 12,2 millones. Además, el Pew registra, también en 2022, que los inmigrantes indocumentados representan el 4,8% de la fuerza laboral de Estados Unidos (8,3 millones de trabajadores).

Nan Wu, directora de investigaciones en el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), una organización no partidaria con sede en Washington, dijo a CNN que “definitivamente pensaríamos en un gran shock en varias industrias” si se lleva adelante un plan acelerado de deportaciones, que afectaría especialmente a los sectores de la agricultura y la construcción, que “se han estado apoyando consistentemente en los indocumentados para el trabajo” agregó Wu.

Para Carolina Aguilar Román, investigadora postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con estudios en temas migratorios, “lo más importante es ver que (los indocumentados) están en sectores fundamentales para la economía diaria”.

Según su análisis, identifica tres grandes grupos entre esta población. El primero son los beneficiarios del DACA, que “trabajan en sectores que no son de servicios ni agricultura, sino servicios más altos y tienen una mejor situación económica personal o familiar”. Otro son los trabajadores agrícolas. “Son los inmigrantes quienes están piscando (cosechando) la comida que se come y que se exporta”, destaca. En este segmento también se encuentran los trabajadores de la construcción, un rubro que también se apoya ampliamente en los inmigrantes. Y el tercer grupo es el que trabaja en servicios: restaurantes, hoteles, tareas de limpieza. “Como se vio en la pandemia, los más impactados son los de mayores vulnerabilidades. Algunos no son tan visibles en la cadena de producción”, añade.

La encuesta nacional de trabajadores agrícolas realizada por el Departamento de Trabajo indica que entre 2020 y 2022 el 42% de los empleados en el sector no tenía permiso de trabajo, y aclara que muchos encuestados podrían haber respondido con temor a decir la verdad sobre su estatus.

El economista Alejandro Gutiérrez Li, profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NCSU), experto en temas de migración y empleos agrícolas, indica a CNN que, aunque no hay cifras oficiales en todos los rubros, “es bien sabido que los trabajadores sin papeles suelen concentrarse en ciertas industrias. Las mismas incluyen agricultura, construcción, restaurantes y hotelería”, y que, en caso de realizarse deportaciones masivas, “es de esperar que el sector agrícola va a ser severamente afectado”. Según explica Gutiérrez, la producción de frutas y verduras, leche, carne y otras como los árboles de navidad o las flores “requieren una gran cantidad de trabajadores para subsistir”.

Incluso señala que actualmente, aún con la presencia de trabajadores agrícolas indocumentados, hay productores que ya reportan muchas dificultades para encontrar y retener trabajadores en las fincas.

Si bien parte de los aportes más notables se ven en la fuerza laboral, los inmigrantes indocumentados son también, al fin y al cabo, consumidores, creadores de demanda de bienes y servicios, y contribuyentes en varios niveles.

Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP), los trabajadores indocumentados pagaron US$ 96.700 millones en impuestos en 2022. El Consejo Estadounidense de Inmigración calcula que, es emismo año, los trabajadores sin papeles pagaron cerca de US$ 76.000 millones.

Wu, del AIC, dijo que perder los impuestos que pagan los indocumentados tendría “un gran impacto local” que afectaría a “escuelas, servicios, programas locales, las comunidades y la infraestructura”. Destaca la contribución que realizan los inmigrantes indocumentados a programas sociales como Medicare (el seguro médico de quienes tienen 65 años o más), que “cada vez es más difícil de sostener. Según el estudio del AIC, los hogares de los trabajadores indocumentados aportaron en 2022 más de US$ 22.000 millones al sistema de seguridad social y US$ 5.700 millones a Medicare, aun teniendo en cuenta que los indocumentados no tienen un seguro social válido y no pueden afiliarse al programa de asistencia médica ni disfrutar de sus beneficios.

El rol de los extranjeros sin papeles también se aprecia en el producto interno bruto (PIB). El estudio del AIC, publicado en 2024, halló que una campaña de deportaciones masivas reduciría este índice económico entre 4,2% y 6,8%, sin aclarar el plazo. En tanto, una investigación de la Universidad de Nueva Hampshire, también de 2024, estima que la economía estadounidense perdería entre 2,6 y 6,2% del PIB en una década si se concretan expulsiones masivas de más de 7 millones de indocumentados.

Wu también resalta el aporte empresarial de muchos inmigrantes que, en buena parte, llegan con el “sueño americano” de una vida próspera, y estima que hay cerca de un millón de emprendedores entre los indocumentados. En ese sentido, un estudio del Centro para el Progreso Estadounidense estima que los beneficiarios del DACA ganaron cerca de US$ 27.900 millones en sueldos, fueran empleados o empleadores. Para Wu, si se deporta a los indocumentados, “perderíamos todos estos negocios y también los puestos de los trabajadores que contrataron, entre los que hay estadounidenses. Perderíamos empresas familiares, servicios a la comunidad”.

Una crítica común hacia los inmigrantes indocumentados es que, supuestamente, deprimen los salarios de los trabajadores estadounidenses y aumentan la demanda de servicios sociales, aunque no tengan acceso a la mayoría de ellos. Aguilar sostiene que se trata de “retóricas que pretenden dividir y generar odio”, sin base real. La mencionada investigación de la Universidad de Nueva Hampshire también halló que las campañas de deportaciones anteriores no resultaron en un aumento de salarios o de la tasa de empleo, sino lo contrario. Como ejemplo, menciona que las 454.000 deportaciones reportadas entre 2008 y 2015 resultaron en una caída del pago por hora de 0,6% entre los trabajadores nacidos en EE.UU.

Según estimaciones del centro Pew con base en los datos de la Oficina del censo en 2022, la mayoría de los inmigrantes indocumentados vive en California, Texas y Florida, cada uno de los estados con más de un millón dentro de su población. También destacan Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, con alrededor de medio millón cada uno. Sin embargo, otros estados con cifras menores también se verían afectados en caso de deportaciones masivas.

“Hay estados que no son fronterizos e igual tienen mucha agricultura. En el Medio Oeste, hay grandes fábricas empacadoras de carne o vegetales”, apunta Aguilar, de la UNAM. “Son cadenas de trabajo muy diversas que afectarían a otros estados”, añade. Por su parte, Wu comenta: “Es todo un sistema, hay un efecto en cadena. Habría disrupciones en el sector agrícola, con menos producción, menos suministros, y subiría el precio de los alimentos”.

Desde la perspectiva de los empresarios, Chuck Conner, presidente y CEO del Consejo Nacional de Cooperativas Agrícolas y exvicesecretario del Departamento de Agricultura, dijo a CNN en noviembre: “Si quitas a esos trabajadores, no vas a tener producción. Solo hay una forma en la que se moverán los precios: van a subir dramáticamente”.

Gutiérrez, de NCSU, explica que los puestos agrícolas no serían fácilmente reemplazables, puesto que son “físicamente muy demandantes y los trabajadores locales (nacionales) no suelen escogerlos”, también debido “a los bajos sueldos y a riesgos asociados con los mismos”.

Para Aguilar, quien en términos generales sugiere allanar los caminos hacia la ciudadanía y aprobar una reforma inmigratoria que legalice el estatus de millones de personas, una opción sería ampliar las visas temporales agrícolas, bajo la que se admite cada año por un período determinado a cientos de miles de inmigrantes que cumplen ciertos requisitos, pero aclara que no sería suficiente. En ello coincide Gutiérrez, quien dice que el “programa de visas H-2A es muy burocrático y caro, haciéndolo una opción viable solamente para las grandes empresas agrícolas”, y que los intentos por reformarlo y mejorarlo no han sido políticamente viables. Por ello, el economista advierte: “Para poder atraer trabajadores estadounidenses a estas industrias, los sueldos tendrían que crecer sustancialmente. Al final del día, el incremento en costos será trasladado (al menos en parte) a los consumidores. Esto implicaría un potencial incremento en los productos alimenticios, la construcción de vivienda y los hospedajes de hotel, entre otros”.

Hay otras contribuciones menos cuantitativas, pero también valiosas para el mercado laboral. Aunque se refiere a todos los inmigrantes (y no solo a los indocumentados), un informe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas destaca, entre otros aportes, que la movilidad geográfica de los trabajadores ayuda a las economías locales a responder a la escasez temporal de mano de obra, suavizando los baches o disrupciones imprevistas.

Wu también destaca el “rol crítico” de los trabajadores indocumentados en tareas de cuidado, ya sea de niños o de adultos mayores, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población estadounidense. En 2024, más personas que nunca cumplieron 65 años en EE.UU. y se espera que la cifra aumente aún más en los próximos años, lo que pone más presión sobre el sistema previsional. Aguilar señala que actualmente se está estudiando qué puede pasar con los inmigrantes indocumentados que, luego de trabajar por décadas no podrán recibir una pensión, pero hoy esos trabajadores están aportando a un sistema cada vez más comprometido con la jubilación de los “baby boomers” sin suficiente reemplazo a largo plazo.

Para Wu, “no ha habido suficiente discusión de lo que significan (los inmigrantes indocumentados) para el país, para la economía, para las familias que se verían afectadas”, y por ello destaca la importancia de proveer información clara. Aguilar señala que la falta de datos se produce en medio de “una división de ideas” políticas. “En el imaginario colectivo del estadounidense blanco promedio, se desconoce cuáles son todos los sectores que se verían afectados, cuáles son los aportes a la economía y a la comunidad”.

¿Cuánto aportan los inmigrantes indocumentados a la economía de Estados Unidos?